Por el diputado nacional, Gustavo Ferrari

En este sentido, la decisión de crear la “Comisión de la Verdad” compuesta por juristas internacionales que fijará su propio procedimiento e indagar a los acusados por el atentado de la AMIA en su propio país significa postergar la vigencia de la ley y la jurisdicción argentina y la forma más burda y vergonzosa de prorrogar la soberanía, algo que llama la atención en una Presidenta que no pierde oportunidad de reivindicarla con vehemencia.

No puede menos que sospecharse que hay detrás acuerdos menos explícitos ante la evidencia de que la Presidenta no puede tener tamaña confusión sobre la soberanía y la independencia judicial. Festeja por Twitter que los jueces no serán argentinos y privilegia el diálogo para la resolución del conflicto, cuando éste no es un tema diplomático que se resuelva con acuerdos sino la investigación de un delito que deben resolver los jueces argentinos.

Es la justicia penal de nuestro país la que tiene los elementos y la exclusiva competencia constitucional para esclarecer el hecho, dirimir responsabilidades y aplicar las penas que correspondan, y es el procedimiento penal argentino, y no “la ley y las regulaciones de ambas partes”, como establece el acuerdo, el marco en el que se debe impartir justicia.

El “Memorandum” constituye una inaceptable violación a la competencia del juez natural y de los principios de soberanía de la ley y la justicia y de territorialidad e igualdad ante la ley, que sumado a los ataques domésticos, amenaza con terminar de hipotecar la credibilidad y la autoridad de la justicia argentina, tirando por la borda años trabajo de la fiscalía especial creada por el mismo kirchnerismo.

Pero, además, el acuerdo convierte lo que es una cuestión desigual de acusado y acusador que debe ser dirimida exclusivamente por la Justicia en una negociación diplomática que pone a ambos en un pie de igualdad, confiriéndole a Irán la posibilidad de fijar condiciones.

Pocos temas como la política de este gobierno en materia de derechos humanos y su posición en la Cumbre Nuclear contra las armas de destrucción han recibido tanto reconocimiento y apoyo de la comunidad internacional. En ese contexto, acordar con un país que niega el Holocausto, que pugna por la desaparición del Estado israelí y que se encuentra acusado de violar los derechos humanos y de desarrollar armas de destrucción masiva, marca un hito en el posicionamiento de la Argentina, porque implica un evidente retroceso y augura un mayor aislamiento.

La Presidenta celebra que con este acuerdo la “Argentina reafirma una vez más su respeto incondicional al derecho internacional y compromiso irrenunciable con el diálogo”, pero no es el derecho internacional sino el argentino, y no es el diálogo sino la justicia los que deben resolver el hecho.

Soberanía no es sólo festejar la repatriación de la Fragata Libertad. Es mucho más. Es tener el coraje para garantizar la vigencia de la ley y de la justicia argentina de cara a las víctimas de uno de los más crueles atentados que haya sufrido la República.