Javier Milei se enfrenta a un escenario cargado de conflictividad. La detención de Cristina Fernández de Kirchner, las crecientes protestas sindicales y una semana atravesada por movilizaciones de trabajadores tensionaron al máximo el clima político. En este contexto, el Presidente decidió reposicionar su estrategia con una nueva jugada institucional: convocó al Consejo de Mayo y puso al ministro Federico Sturzenegger en el centro de la escena.

El Gobierno evitó exponer a la expresidenta como adversaria directa y ordenó a sus funcionarios desdramatizar su prisión. En paralelo, avanzó con la reapertura del Consejo de Mayo, un organismo surgido del acuerdo firmado en julio de 2024, al que Milei apuesta para plasmar reformas estructurales antes del recorte de sus facultades especiales, que vence el 8 de julio.

El primer encuentro del Consejo se realizará mañana en la Casa Rosada y tendrá como prioridad la reforma laboral. La intención oficial es mostrar gestión frente al ruido social que generaron los despidos masivos, las medidas de ajuste y la resistencia sindical. El Presidente busca mantener su hoja de ruta sin ceder a la presión de la calle.

Federico Sturzenegger aparece como la figura más relevante del nuevo ciclo de reformas. Su cartera, creada a medida del plan libertario, diseñó una batería de decretos para reestructurar organismos como el INTA, INTI, SENASA, ANMAT y la Marina Mercante. La decisión generó rispideces dentro del propio Gabinete y críticas del ministro de Economía, Luis Caputo, quien advirtió sobre los efectos de un ajuste demasiado veloz.

El Consejo de Mayo contará con representantes del Gobierno nacional, las provincias, el Congreso, el sector empresario y los sindicatos. Guillermo Francos lo presidirá en nombre del Ejecutivo. Por el oficialismo participará también Sturzenegger. Se sumarán Alfredo Cornejo en representación de las provincias, Carolina Losada y Cristian Ritondo por el Parlamento, Gerardo Martínez de la UOCRA por el sector sindical y Martín Rappallini, dirigente de la Unión Industrial Argentina.

El objetivo inmediato del Consejo es convertir en proyectos de ley los compromisos del llamado Pacto de Mayo, que estableció metas como el equilibrio fiscal, la reforma tributaria, la modernización laboral y la reducción del gasto al 25% del PBI. No obstante, el oficialismo admite que estos proyectos difícilmente lleguen al Congreso antes de las elecciones de octubre.

Sturzenegger anticipó que buscará impulsar un nuevo modelo de relaciones laborales que permita acuerdos por empresa y reduzca las rigideces del sistema actual. También propuso la creación de un fondo de cese laboral como alternativa a las indemnizaciones. “Queremos empresarios que sean socios de la motosierra”, declaró en mayo ante el Cicyp, donde planteó que el debate profundo sobre reformas ocurrirá después de los comicios.

Su figura divide aguas incluso dentro del Gobierno. Algunos sectores temen que su plan profundice la recesión y complique la negociación con los gobernadores y los empresarios. La eliminación de la Marina Mercante ya provocó tensiones con la Armada y con industrias vinculadas a la exportación. Los recortes en el INTA también encendieron alertas en el campo.

Mientras tanto, más de 70 gremios se preparan para marchar al Ministerio de Desregulación en repudio a los 48.000 despidos en el sector público. El Gobierno considera que se trata de un recorte necesario, que permitió un ahorro anual de 1.885 millones de dólares. La decisión, sin embargo, elevó la conflictividad y puso en alerta a la CGT y a las dos CTA, cuyos principales referentes criticaron la ofensiva oficial.

En este marco, la Casa Rosada reiteró las prioridades que trazó Milei: mantener el superávit fiscal del 1,3% que exige el FMI, evitar subas de salarios para los funcionarios y avanzar con los puntos del Pacto de Mayo. La economía creció 5,8% en el primer trimestre del año, pero el Gobierno no logró capitalizar ese dato frente al clima de malestar.

La convocatoria al Consejo de Mayo también enfrenta obstáculos políticos. Cinco gobernadores —Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Ricardo Quintela, Sergio Ziliotto y Gustavo Melella— se mantuvieron al margen del acuerdo y podrían bloquear las reformas en el Congreso. En su última reunión en el Consejo Federal de Inversiones, los mandatarios provinciales reclamaron mayor coparticipación, más fondos para obra pública y una revisión de los impuestos a los combustibles. Esas demandas chocan con la política de ajuste del oficialismo.

La cercanía de las elecciones legislativas obliga al Gobierno a instalar una narrativa de transformación económica. Sin embargo, las imágenes de jubilados reprimidos, las marchas sindicales y el regreso de Cristina Kirchner al centro de la escena alteraron los planes. El desafío de Milei es lograr que el Consejo de Mayo se perciba como un ámbito legítimo de diálogo institucional.

La apuesta por Sturzenegger responde a la confianza personal que le tiene el Presidente. Lo considera un ejecutor leal de su visión de un Estado mínimo. Lo definió como “uno de los mejores economistas del planeta” y le dio un rol clave en la redacción del DNU 70/2023 y la Ley Bases. Su tarea ahora será convencer a empresarios, gobernadores y sindicatos de que su plan no solo es necesario, sino también viable en un país convulsionado por la crisis.

La reforma laboral será el primer test. Sus propuestas apuntan a simplificar la contratación, reducir multas por empleo no registrado y reemplazar los convenios colectivos por acuerdos por empresa. Los gremios ya avisaron que no aceptarán retrocesos en derechos. La tensión se acumula, pero Milei avanza. Quiere que el Consejo de Mayo funcione como una usina de leyes que consolide su proyecto, aunque la calle y la política le marquen otro ritmo.