Argentina enfrentó una presión creciente sobre sus reservas y su moneda. El Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, buscó un salvataje de entre USD 5.000 millones y USD 10.000 millones con apoyo bilateral de Estados Unidos antes de los comicios. Ese auxilio intentó usar “hasta el último dólar” del FMI para defender el tipo de cambio mientras se renegociaban o refinanciaban vencimientos de deuda.

El Exchange Stabilization Fund (ESF) es un instrumento del Tesoro de EE.UU. que dispone de dólares, monedas extranjeras y Derechos Especiales de Giro del FMI como activos básicos. Este fondo financia gobiernos extranjeros, interviene en mercados cambiarios o compra divisas. Todas esas operaciones requieren autorización explícita del Secretario del Tesoro de EE.UU.

Entre los requisitos clave para acceder al auxilio se encuentran que la crisis sea doméstica, grave y clara, que Argentina mantenga un conjunto de políticas económicas coherentes con lo pactado o esperado por el ESF, garantías líquidas como colaterales (por ejemplo ingresos de exportaciones, regalías o activos estatales), transparencia en los términos de pago y aceptación del “seniority” implícito del préstamo, es decir, prioridad de cobro sobre otros acreedores.

Se manejaron varios números. Algunos funcionarios estimaron que el monto inicial entregado “up front” podría situarse entre USD 3.000 millones y USD 5.000 millones. La cifra de USD 10.000 millones apareció como extremo superior por quienes creían que la crisis exigía un auxilio mayor. El gobierno argentino mencionó públicamente USD 30.000 millones como cifra deseada, pero varios analistas dudaron de que el ESF tuviera liquidez para eso de inmediato. Especialistas externos recordaron que el ESF tendría unos USD 22.000 millones en valores líquidos para intervenir en dólares. Esa cifra implicaría que otorgar USD 30.000 millones al contado resultaba complicado.

El esquema de entrega podría dividirse en tramos. Una porción inicial cubriría vencimientos inmediatos, pagos del FMI, de bonos globales y de deuda interna. Fondos posteriores quedarían condicionados a cumplimiento de metas macroeconómicas y fiscales. Podría usarse una combinación de instrumentos financieros (swap, préstamos, garantías) para completar el paquete.

El préstamo podría tener plazo medio. El ESF otorgó préstamos a varios países con duración de entre dos y cinco años. En esos casos requirió certificaciones al Congreso de EE.UU. si el plazo excedía seis meses dentro de un año calendario.

El salvataje planteó riesgos. La credibilidad frente a los bonistas quedó en juego. Si el préstamo es senior, los tenedores de bonos podrían interpretar que quedan subordinados frente a los compromisos con EE.UU. Eso puede elevar los spreads o aumentar la desconfianza. Estados Unidos suele pedir garantías líquidas. En México se comprometieron ingresos de la petrolera estatal. En Argentina, una posibilidad podría ser regalías de YPF, pero se trata de una empresa con mitad de capitales privados. Eso abrió interrogantes sobre qué “garantías” ofrecería el gobierno.

Un auxilio grande también envía señales al mercado. Un monto por encima de lo admitido podría despertar la lectura de que la crisis es más profunda de lo declarado. Al mismo tiempo, un paquete bien diseñado funcionaría como señal de respaldo y podría estabilizar expectativas en el corto plazo.

Existen precedentes. Uruguay recibió un bridge loan de USD 1.466 millones en 2002 a través del ESF cuando enfrentó fuga de capitales y lo pagó rápidamente. México obtuvo USD 20.000 millones del ESF en 1994; usó una parte y repagó el préstamo conforme mejoró su situación financiera. Brasil también recibió ayuda mediante garantías del ESF en crisis pasadas.

Si el salvataje se concretaba en torno a USD 5.000-10.000 millones, otorgaba un respiro institucional al gobierno, mejoraba confianza y estabilizaba el tipo de cambio. Montos mayores generaban incertidumbres mayores, tanto externas como internas. Las garantías líquidas, el seniority del préstamo y el control de políticas resultaban claves para la viabilidad del plan