El eslogan “Todo Marcha Acorde al Plan” se convirtió en un chiste de mal gusto cuando la tasa interbancaria se disparó sin control. Lo que venía en torno al 30% trepó en pocas semanas a más del doble, con una volatilidad que reflejó la falta de rumbo en la política monetaria. El Gobierno eliminó los instrumentos que usaban los bancos para manejar su liquidez, creyó que se volcarían a bonos del Tesoro y terminó liberando pesos que presionaron al dólar. El mercado reaccionó con desconfianza y las tasas se dispararon.

Para intentar contener el caos que ellos mismos provocaron, las autoridades drenaron circulante de manera desesperada. El resultado fue claro: las tasas se ubicaron en niveles exorbitantes, hasta 30 puntos por encima de la inflación. En redes sociales circularon bromas que reemplazaban el TMAP por “Tasas Muy Altas, Pablo”, en referencia al secretario de Finanzas Pablo Quirno.

El efecto inmediato golpeó al financiamiento de corto plazo. Los “adelantos” que los bancos otorgan a las empresas para sostener operaciones diarias comenzaron a desplomarse. Los préstamos personales de mayor duración resistieron un poco más, pero la contracción del crédito a corto plazo marcó el pulso de una economía cada vez más seca. Con menos liquidez, las empresas enfrentaron dificultades para pagar sueldos, comprar insumos y mantener la producción.

El impacto no quedó solo en el sector empresario. La morosidad de los préstamos familiares pegó un salto y se ubicó en niveles cercanos a los máximos históricos. Miles de personas tomaron créditos porque sus ingresos ya no alcanzaban para cubrir gastos básicos y terminaron atrapadas en un círculo de deuda impagable. El alza de tasas se transformó así en un castigo directo a los trabajadores, que vieron cómo se evaporaba su capacidad de consumo.

Desde el punto de vista fiscal, la situación es explosiva. Cada punto de tasa adicional implica más gasto en intereses para el Tesoro. Entre julio y septiembre el costo ya representó un 0,26% del PBI, cifra similar al gasto de programas sociales enteros. Si este esquema se extendiera un año, la carga de intereses treparía a un 3% del PBI. El equilibrio fiscal que pregona el Gobierno quedaría pulverizado.

Frente a las críticas, los funcionarios repiten que el problema responde al “riesgo kuka”, una supuesta desconfianza del mercado ante el posible regreso del kirchnerismo. La explicación es débil: si ese riesgo existía, también estaba presente meses atrás, cuando las tasas eran más bajas. Además, al poner el resultado electoral como la variable que define el rumbo económico, el propio oficialismo expone la fragilidad de su plan.

El relato oficial quedó desmentido por la realidad. Las tasas altísimas no son un detalle técnico: son un golpe directo al bolsillo de los trabajadores, un freno a la producción y una amenaza al futuro de la deuda pública. El Gobierno insiste en que todo marcha de acuerdo al plan, pero lo único claro es que el plan se convirtió en un costo insoportable para la economía argentina.