Los exfuncionarios Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Gabriel Mariotto -junto a otros exdirigentes de la AFA- figuran como imputados en el debate que dilucidará si hubo una defraudación con los fondos que el Estado le giraba a los clubes por la transmisión de los partidos que se emitían por la TV Pública.
El Tribunal Oral Federal N° 1 comenzó hoy con el juicio por las supuestas defraudaciones al Estado mediante el programa “Fútbol para Todos”, que por iniciativa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner transmitía los partidos de los torneos de la AFA por la TV Pública.
En la causa hay 14 acusados: los principales imputados son los exjefes de Gabinete, Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, el exvicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto y varios dirigentes de la AFA y otras entidades vinculadas al fútbol.
En 2009, Cristina Kirchner, entonces presidenta de la Nación, anunció un acuerdo entre el Gobierno y la AFA para la televisación del fútbol. En el evento estuvieron presentes Diego Maradona y el titular de la AFA, Julio Grondona. En ese marco, la Jefatura de Gabinete firmó un contrato con la AFA, mediante el cual la entidad cedía al gobierno la comercialización de los derechos televisivos de los partidos de fútbol. El Gobierno prometió que los partidos serían gratuitos y accesibles para todo el país, que los clubes recibirían fondos suficientes para sanear sus deudas, que se generarían recursos adicionales para financiar el deporte olímpico y que se implementarían políticas para mejorar la seguridad en los estadios.
Cinco meses después de la firma, en febrero de 2010, el gobierno decidió, sin un acto administrativo formal, emitir publicidad oficial durante los partidos televisados, lo que automáticamente desfinanció el programa. Uno de los pocos patrocinadores privados, Iveco, pagaba un 75% menos por sus anuncios en comparación con el costo estándar del minuto publicitario. “En pocos meses, las promesas de ‘gratuidad’ y los ‘excedentes’ ya eran una irrealidad”, detalló un informe de la Auditoría General de la Nación que forma parte de la causa. Finalmente, el programa costó al erario público unos $8596 millones, aproximadamente 1184 millones de dólares en valores constantes.
En 2014, la legisladora Graciela Ocaña denunció estas irregularidades y se abrió una causa judicial. Esta causa aborda dos aspectos: las irregularidades relacionadas con la administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública, y el destino de los cheques que la AFA pagaba a los clubes, los cuales eran cambiados en determinadas cuevas financieras preseleccionadas, con movimientos sospechosos.
