El martes 5 de junio, en la sede de los Tribunales de San Martín, comenzó el Juicio Oral contra Jorge Carranza (ex Secretario General de los Trabajadores Municipales) y Patricia Bozzi, su esposa, por presunta administración fraudulenta.

La causa se inició a través de una denuncia realizada por el Intendente Ivoskus, luego de verificar la falta de rendiciones y auditorias que debería haber presentado el Sindicato respecto de partidas de “coseguro medico asistencial” para el personal. El total abonado en dicho concepto por el Municipio asciende casi a los 4 millones de pesos.

La causa del Tribunal Oral en lo Criminal número 1 está a cargo de la Dra. Lumbardini, el Dr. Correa y el Dr. Cionco. Quienes reprimieron a los abogados defensores por demorarse más de una hora y media, y les rechazaron el pedido de nulidad.

El primer testigo en declarar fue el Intendente Ivoskus, quién declaró a la prensa qué se sentía satisfecho “respecto a que, si bien con lentitud, la justicia ha avanzado en base a elementos que parecen contundentes.”

Ivoskus afirmó, además, que “es un mensaje positivo para nuestra sociedad sentar en el banquillo de los acusados a quienes fueron parte de la política de vaciamiento que se había apoderado de San Martín durante etapas anteriores”, a la vez que recordó que “esto representa otro avance en la lucha contra la corrupción, como lo fue en su momento la Causa Gualtieri, con la que evitamos la consumación de un negocio de casi 30 millones –por el pago de obras que nunca se hicieron– y la justicia sentó en el banquillo a 32 ex funcionarios y 3 ex Intendentes”.

También declaró la Dra. Della Quintana, ex subsecretaria de hacienda de la época de la alianza y luego asesora designada auditora. Le señaló al Tribunal que el contador del sindicato, el señor Sujoy, no le entregó ninguna documentación y que tenía sólo algunas fotocopias que mostraban graves irregularidades de fechas y enmiendas. Mencionó la presentación del empleado Muñoz e hizo hincapié en la firma “Meditar” por un importe de $ 800.000.

Por su parte, Lidia Martínez, ex directora del Hospital Thompson, manifestó que no sabía acerca de un coseguro médico y que IOMA funcionaba perfectamente en esa época.

A las 13 horas, la imputada Patricia Bozzi, abandonó la audiencia argumentando que debía cuidar a sus hijos.

Luego declaró Daniel Cabo, quién al ser consultado por el coseguro médico afirmó que fue dado de baja por no ser un gasto municipal según indicó el Tribunal de Cuentas. Agregó que el Municipio no tercerizó el coseguro luego de la firma del decreto por parte del Intendente.

Finalmente declaró Azucena Álvarez, jefa del Departamento de Salud. Dijo que desconocía la existencia del coseguro, que era afiliada al Sindicato y que nunca lo utilizó. También afirmó que en su planilla le reintegraban sumas de coseguros que jamás utilizó.