El anuncio realizado por Vilma Ibarra  del envío de la ley sobre interrupción voluntaria del embarazo al Congreso antes que finalice noviembre, tomó por sorpresa, incluso, a algunos funcionarios de la propia Casa Rosada. La funcionaria de estrecha confianza de Alberto Fernández obtuvo su visto bueno del mandatario para anunciar un envío inminente ante una creciente presión interna.

Con la turbulencia cambiaria despejada, el Gabinete más activo y el establecimiento del DISPO en el AMBA, el Gobierno vuelve a poner en agenda una de las promesas de campaña consciente de que el año próximo será electoral y por ende la obtención de votos para aprobar la iniciativa, más dificultosa.

Al igual que en 2018, la clave estará en los votos del Senado si bien algunas voces señalan que la composición de la Cámara Alta es distinta y ponen como ejemplo a los tres senadores que representan a la CABA, que son “pañuelos verdes”.

En Casa Rosada hacen cuentas y entienden que en Diputados los votos para la media sanción estarán (sin sobrar demasiado), sin embargo, estipula que en Senado habrá cinco bancas que serán claves para la definición. “Tienen que subir las abstenciones para que bajen los negativos”, razonaron en un despacho de la Casa de Gobierno y ese será el objetivo sobre el que trabajarán desde la Casa Rosada. Las claves podrían estar en los representantes de provincias como San Juan, Entre Ríos o Santa Fe.

La vicepresidenta Cristina Kirchner que ha cambiado su parecer respecto de la legalización el aborto en el último tiempo no se ha manifestado públicamente sobre del proyecto que enviará el Ejecutivo, y solo deberá votar en caso de que haya empate, en cuyo caso lo haría en sentido positivo.

Cristina será clave para terminar de alinear el bloque oficialista, que ya comenzó a tener fisuras. El jefe del Senado, José Mayans, señaló que el envío del proyecto es “inoportuno” y aseguró que hay otros temas en agenda.

La titular de la Comisión de Legislación General en Diputados, Cecilia Moreau, salió a responderle pidiendo que las convicciones religiosas y personales, queden “en la puerta del Congreso”.

En Diputados se estima que la aprobación será un hecho, aunque los números no serán muy holgados.