Un medio colombiano sacó a la luz una conversación entre empresarios y dirigentes allegados al presidente Iván Duque: piden que repriman las movilizaciones y exigirle a los medios de comunicación que no cubran los reclamos sociales.
Ya son 15 los días de Paro Nacional en Colombia. La sociedad colombiana (en su mayoría) sigue movilizándose para expresar su descontento con las políticas neoliberales que viene ejerciendo el gobierno de derecha hace años. Una frustrada reforma fiscal que perjudicaba la clase media fue la gota que rebalsó el vaso. A pesar de que el presidente Iván Duque dio marcha atrás con ese proyecto e incluso echó al ministro de Hacienda quien fue el ideólogo de esa reforma, las manifestaciones continúan. Los colombianos exigen cambios profundos.
El jueves, este medio habló con Federico Fagioli, diputado nacional de del Frente de Todos que es parte de una comitiva que viajó a Colombia para ver cual es la situación en el país latinoamericano. «Vemos una fuerte militarización con un sesgo ultra violento, con formación militar», graficó el legislador.
Efectivamente, la estrategia del gobierno colombiano está lejos de calmar el escenario hostil con apertura de dialogo y políticas concretas, su respuesta es violencia a través de las fuerzas armadas. Una accionar que ya se cobró más de 40 civiles muertos durante los reclamos sociales.
Dicha lógica quedó demostrada con publicaciones que hizo un medio colombiano. El Espectador sacó a la luz una reunión entre empresarios y políticos allegados al ex presidente Álvaro Uribe, mentor del actual mandatario Duque.
En esa charla que se dio vía remota, Alejandro Corrales, senador del Centro Democrático cuestionó el rol de los medios de comunicación por cubrir e incentivar el reclamo social: «¿De qué viven los medios en Colombia? Viven de dos ítems: de la pauta pública del Gobierno. Y, dos, del sector privado. Yo, si estuviera en el Gobierno Nacional, ya les estaría exigiendo a los medios en los que yo pauto que empezaran una campaña masiva de unión del pueblo colombiano, del sector de los empresarios, de defensa del sector productivo».
Por su parte, varios empresarios reclamaron el gobierno nacional que reprima las movilizaciones como «legitima defensa» para lograr el orden público. «Pero aquí tenemos un problema de orden público que se soluciona con el uso de la fuerza legítima del Estado. No hay otra manera de solucionarlo. Porque el orden público afecta la vida, la libertad y la propiedad de los colombianos. Entonces si el Gobierno no entiende eso, pues es parte de lo que estamos reclamando», dijo Pero Vallejo.
De esta manera, mientras varias organizaciones sociales reclaman al presidente Duque que de lugar al diálogo e inicie una ronda de negociaciones para calmar el clima social, el establishment económico de Colombia le exige al preside de derecha que reimpriman a los ciudadanos con las fuerzas armadas para imponer el orden. Al parecer, las más de 40 muertes no le son suficientes.
DENUNCIAS POR ABUSO SEXUAL
Como si fuese poco, seis organizaciones de derechos humanos lamentaron este jueves la muerte de una joven menor de edad, que se quitó la vida después de denunciar que la noche del miércoles fue detenida y llevada a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Popayán tras sufrir violencia sexual por parte de uniformados de la Policía. “Alertamos a las organizaciones defensoras de DD.HH. e instituciones garantes de derechos como Defensoría, Procuraduría y Personería a realizar veeduría y tomar acciones de protección frente a lo acontecido”, afirmaron las organizaciones.
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De acuerdo con las primeras versiones, la joven se dirigía hacia la casa de un amigo y estaba grabando con su celular la manifestación, cuando cuatro policías la detuvieron y la tiraron al piso. “En medio de eso, me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma, en el video queda claro que yo les digo que me suelten porque me estaban “desnudando” quitando el pantalón”, afirmó la víctima en una red social.
Si bien desde la policía salió a desmentir la denuncia, en las últimas horas salieron acusaciones similares que podrían vislumbrar como un modus operandi por parte de los uniformados colombianos.
El Comandante de la @Region4Policia, Brigadier General Ricardo Augusto Alarcón Campos, aclara a la opinión pública: pic.twitter.com/KMSQfDPK6D
— Policía Metropolitana de Popayán (@PoliciaPopayan) May 14, 2021
