El Gobierno nacional formalizó un entendimiento bilateral que redujo aranceles, amplió el acceso de la carne argentina al mercado estadounidense y abrió una nueva etapa para las inversiones estratégicas, con vigencia sujeta a la aprobación del Congreso.
El Gobierno de Javier Milei anunció la firma del acuerdo comercial y de inversiones entre Argentina y Estados Unidos, en el marco de la visita del canciller Pablo Quirno a Washington. La rúbrica consolidó un proceso que comenzó en noviembre y colocó a la relación bilateral en un nuevo plano económico.
Desde Cancillería destacaron que el entendimiento apuntó a mejorar el acceso de productos argentinos al mercado estadounidense y a generar condiciones estables para la llegada de capitales. En ese sentido, el Gobierno sostuvo que Estados Unidos eliminó aranceles para 1.675 productos argentinos, una medida que, según cifras oficiales, permitió proyectar la recuperación de exportaciones por más de mil millones de dólares.
El comunicado oficial remarcó que “Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos en una amplia gama de sectores productivos, lo que permitirá recuperar exportaciones por 1.013 millones de dólares”. Cancillería señaló que este esquema fortaleció la inserción del país en las cadenas globales de suministro y abrió nuevas oportunidades comerciales.
Uno de los puntos centrales del acuerdo se vinculó con el sector cárnico. El Gobierno afirmó que “Estados Unidos concederá una ampliación sin precedentes a 100.000 toneladas para el acceso preferencial de la carne bovina a su mercado”. Según estimaciones oficiales, esa decisión permitió proyectar un aumento cercano a los 800 millones de dólares en exportaciones a partir de 2026, con ingreso al mercado estadounidense con arancel cero.
El entendimiento también incluyó compromisos vinculados a la industria pesada. Washington ratificó su disposición a revisar los aranceles al acero y al aluminio establecidos bajo la Sección 232 de su legislación comercial, un reclamo histórico del sector industrial argentino.
En materia de inversiones, Estados Unidos expresó su apoyo al financiamiento de proyectos en áreas consideradas estratégicas para la economía local. El acuerdo contempló la participación del Banco de Exportaciones e Importaciones de los Estados Unidos y de la Corporación Financiera de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, en coordinación con empresas privadas. Además, el texto previó facilidades para la inversión estadounidense en minerales críticos y energía.
Como contrapartida, Argentina asumió compromisos de apertura arancelaria. El Gobierno eliminó aranceles para 221 posiciones y redujo al 2% otras 20, principalmente vinculadas a autopartes, además de otorgar cuotas para vehículos, carne y productos agrícolas. Desde el Ejecutivo afirmaron que estas medidas buscaron mejorar la competitividad y reducir costos productivos.
El acuerdo incorporó capítulos específicos sobre comercio digital y economía del conocimiento. Cancillería indicó que “establece un marco seguro y favorable para las actividades de startups, fintechs y empresas tecnológicas”, con reglas claras para el intercambio digital.
Otro eje sensible se centró en la propiedad intelectual. Argentina aceptó adoptar estándares internacionales más exigentes. Según el texto difundido por el Gobierno estadounidense, “Argentina priorizará y adoptará acciones penales y de control fronterizo efectivas contra las infracciones de derechos de autor y marcas registradas”.
Desde la Casa Rosada subrayaron que se trató del primer acuerdo de este tipo en América del Sur que incorporó compromisos específicos sobre inversiones. El Ejecutivo sostuvo que el entendimiento posicionó al país dentro de un grupo reducido con acceso preferencial al principal mercado importador del mundo.
Al cierre del anuncio oficial, el Gobierno afirmó: “En conjunto, estos instrumentos fortalecen el perfil exportador argentino, promueven el aumento del intercambio comercial y generan mejores condiciones para la llegada de inversiones de largo plazo”. El acuerdo entrará en vigencia sesenta días después de su ratificación por ambas partes, con aprobación previa del Congreso argentino.
