El Gobierno enfrenta un clima de tensiones y desafíos en el Senado en su intento por cubrir vacantes en la Corte Suprema mediante el controvertido mecanismo de designación «en comisión». Mientras el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defiende esta opción como un recurso constitucional, el bloque de Unión por la Patria rechaza rotundamente cualquier nombramiento que no cuente con acuerdo del Senado. En paralelo, las divisiones internas y las dificultades para alcanzar los votos necesarios complican aún más el panorama, mientras crece la presión por abrir canales de negociación frente a un Congreso paralizado desde septiembre y dependiente de una eventual convocatoria a sesiones extraordinarias.

“El Presidente podría ejercer esa facultad transitoria si la Corte queda en una situación cercana a la acefalía”, señaló Francos, durante su exposición en el Senado. Allí, se discuten los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, los candidatos propuestos por el Gobierno para ocupar puestos en el máximo tribunal. «Hay muchísimos antecedentes en la historia argentina«, afirmó el Jefe de Gabinete, aunque su declaración fue cuestionada por quienes consideran que el oficialismo tiende a distorsionar los hechos.

En medio del debate, el jefe del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, entregó una carta respaldada por los 33 senadores de su bloque. En el documento, se comprometieron a rechazar cualquier pliego que implique la designación de jueces de la Corte por decreto «en comisión». Esta advertencia provocó tensión en un Gobierno que ha encontrado en la imposición su método habitual. Fuentes cercanas al oficialismo respondieron asegurando que, si la oposición persiste en su negativa, no solo cubrirán las vacantes de la Corte por decreto, sino también avanzarán con la designación de 150 jueces en otras instancias judiciales bajo la misma modalidad.

La senadora Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro, aprovechó la ocasión para cuestionar a Francos sobre la ausencia de una propuesta femenina para reemplazar a Elena Highton de Nolasco en la Corte. “Entendemos el reclamo por la inclusión de una mujer. Es algo que seguramente el Presidente considerará, si estos pliegos no prosperan”, respondió el jefe de Gabinete. Sin embargo, su tono conciliador no fue bien recibido en la Casa Rosada, especialmente porque reconoció la posibilidad de que los pliegos de Lijo y García Mansilla no sean aprobados y deban ser reemplazados por otras propuestas.

Esta postura no coincide con la estrategia del Ejecutivo, que insiste en avanzar con las designaciones, incluso utilizando el controvertido mecanismo de «designación en comisión». Francos reiteró: «El Presidente puede ejercer esa facultad transitoria, que luego deberá ser ratificada por el Senado».

«Le voy a hacer llegar una nota», anticipó Mayans tras escuchar a Francos. En el documento, titulado «No hay juez de la Corte sin Acuerdo del Senado», los 33 miembros del interbloque de Unión por la Patria dejaron claro su compromiso de «impulsar el inmediato rechazo del pliego de acuerdo de cualquier persona que acepte ser designada como juez o jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ‘en comisión'». Mayans detalló a Francos que la intención de su bloque, que tiene la capacidad de bloquear cualquier designación al requerirse dos tercios de los votos, es abordar una discusión más amplia sobre la estructura de la Justicia. «Procurador general, miembros de la Corte, Defensor; hagan un acuerdo con las fuerzas políticas», demandó el senador.

El bloque de Unión por la Patria, alineado en gran medida con las directivas de Cristina Kirchner, presidenta del PJ, protagonizó una movida estratégica durante el fin de semana. Lograron completar las firmas necesarias para que el pliego del juez federal Ariel Lijo obtuviera dictamen de comisión y pudiera ser tratado en el recinto. La novena firma la aportó Lucía Corpacci, ex gobernadora de Catamarca y vicepresidenta del PJ. «Los que pueden venir son peores», justificó su decisión en una entrevista radial. Según Mayans, esta maniobra buscaba abrir espacio para la negociación y no implicaba que el bloque aportaría los votos necesarios para alcanzar los dos tercios y consagrar a Lijo como juez de la Corte. «Hoy los dos tercios no están para nadie«, aclaró. Añadió que el oficialismo podría reunir 39 votos, lo que daría lugar a que propusiera un candidato a la Corte, mientras que la segunda vacante correspondería a Unión por la Patria. Uno de los nombres considerados para esa posibilidad fue el de María de los Ángeles Sacnun, ex senadora por Santa Fe.

Sin embargo, en la Casa Rosada no todos comparten esa visión. Mientras que algunos consideran a Lijo cercano al peronismo, prefieren al académico de derecha García Mansilla, pese a las dificultades para reunir el respaldo de los dos tercios necesarios debido a sus posturas ultraconservadoras. Desde el Ejecutivo se mantiene una posición inflexible: «los dos o ninguno». Esto incluye desafiar la carta presentada por los senadores de Unión por la Patria, argumentando que el Senado no tiene facultades para invalidar una designación realizada en comisión.

No obstante, esta postura enfrenta cuestionamientos legales. Según la Constitución, dicho mecanismo se reserva para cubrir vacantes de «empleos» durante el receso legislativo, lo que no aplica claramente al caso de la Corte. Además, no está garantizado que los jueces acepten asumir en medio de una controversia tan fuerte ni que la Corte les tome juramento bajo estas condiciones. En definitiva, el Ejecutivo parece encontrarse en una situación de callejón sin salida, con crecientes presiones para abrir un canal de negociación. Las posibilidades de concretar una designación masiva de jueces por decreto, como se había sugerido, se perfilan cada vez más inviables.

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