El 31 de mayo por la madrugada fuerzas policiales de la provincia de Chaco, ingresaron violentamente, sin orden de allanamiento, en una vivienda de una familia de la comunidad Qom del barrio Banderas Argentinas, ubicado en la localidad de Fontana a tan sólo 5 kilómetros de Resistencia. Golpearon a las personas que estaban dentro de la vivienda entre quienes había mujeres, jóvenes y niños.

La irrupción violenta e ilegal de agentes de la comisaría Tercera de Fontana y otras unidades policiales fue filmada por integrantes de la familia que registraron lo ocurrido con sus celulares y luego fueron publicados en redes sociales tanto en la provincia como a nivel nacional en las cuentas de Revista Cítrica. En el video grabado se puede observar cómo los policías ingresan por la fuerza y golpean a salvajemente a uno de los jóvenes que intentó impedir el ingreso de los efectivos. Sin mediar palabras ni derecho a defensa, golpearon y detuvieron a cuatro personas -dos varones de 20 años y dos adolescentes mujeres de 18 y 16 años.

Los testimonios de las víctimas y sus familias sostuvieron que fueron detenidos y trasladados con impunidad y crueldad hacia la comisaría donde sufrieron apremios ilegales, torturas y tormentos de todo tipo. Asimismo, las jóvenes también denunciaron abuso sexual por parte de por cinco policías del operativo, quienes las rociaron con alcohol y las amenazaron de ser quemadas vivas.

Esto pasó el sábado en la localidad de Fontana, provincia de Chaco. Otra vez la policía golpeó a hombres y mujeres de la comunidad qom. No solo les pegaron. También hubo balas y tortura. Y abuso sexual. pic.twitter.com/26HCEDTERE

— Revista Cítrica (@revistacitrica) June 1, 2020

Tras conocerse la denuncia la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia junto al equipo interdisciplinario de la Guardia de Derechos Humanos informó la situación a la Fiscalía Especial en Derechos Humanos a cargo de Liliana Beatriz Irala, fiscal subrogante de la fiscalía de DD.HH. Hasta el momento se ordenó la identificación del personal policial que intervino en el procedimiento de allanamiento sin orden judicial. Desde la Secretaría de Derechos Humanos afirmaron que “no vamos a tolerar que estos hechos pasen desapercibidos ni que vuelvan a ocurrir” y que Estado también “será querellante en esta causa para esclarecer los hechos y garantizar que se haga justicia por las víctimas”.

En cuanto a la explicación oficial de la Policía de Chaco se difundió que “dos hombres y dos mujeres atacaron la comisaría Tercera de Fontana. Tras los disturbios, dos agentes terminaron internados en el hospital Perrando de la provincia”. Versión que se contradice con los videos grabados por la familia.

REPUDIO GENERALIZADO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

“Estos vestigios de las peores prácticas aún arraigadas en las instituciones que no se han permeado aun de los principios fundamentales de la vida en democracia nos convoca a instar a los poderes públicos a la investigación urgente y rigurosa de los hechos y sanciones a los responsables administrativos, judiciales y políticos de estos hechos delictivos y reforzar el acompañamiento institucional e integral de las víctimas y sus familias”, asevera la declaración colectiva difundida por las organizaciones sociales de la provincia.

“La gravedad que revisten casos como el mencionado, conforma una serie de abusos que pareciera no tener límites ni control sobre las barriadas metropolitanas, por parte de quienes ostentan el monopolio del uso de las armas y la seguridad, mientras las organizaciones ensayan experiencias de cuidado comunitario, ollas y meriendas populares, resulta imperioso la convocatoria inmediata a la participación de las organizaciones del pueblo a reconstruir una política de seguridad pública y democrática basada en el irrestricto cumplimiento de los derechos humanos, donde el cuidado, el buen trato y los valores de la democracia que supimos conquistar, sean los ejes vertebradores de un nuevo paradigma de convivencia ciudadana”, sostiene el documento. Por su parte, tras conocerse los hechos desde el Gobierno provincial anunciaron que los efectivos policiales fueron apartados de la fuerza, en el marco de la investigación penal que apunta a los uniformados.