Unas 6000 personas transexuales, travestis y transgénero podrían incorporarse paulatinamente al Estado de la provincia de Buenos Aires en los próximos meses. Esto es así a partir de la reglamentación de la ley 14.783, que dispone un cupo del 1% de los empleos públicos para ese colectivo.

En la actualidad, los empleados públicos bonaerenses son cerca de 600.000. Por eso, se estima que el cupo de trans debería garantizar empleo a unas 6000 personas.

El secretario de Derechos Humanos, Santiago Cantón, dijo a LA NACION que se espera poder implementar la ley aprobada en 2015 "en los próximos meses". Ahora Cantón articulará con el ministro de Trabajo de la provincia, Marcelo Villegas, para avanzar en la instrumentación de esta ley, dado que por otras normas vigentes -como la emergencia administrativa- las vacantes en el Estado están congeladas. El gobierno de María Eugenia Vidal deberá articular la modalidad de ingreso de estos sectores considerados vulnerables.

"La ley ya debería ser operativa. Esperamos que se termine de reglamentar lo antes posible", dijo a este diario María Rachid, de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales.

Antes deberán quedar resueltos los requisitos para acceder a estos empleos públicos, dado que posiblemente muchas de las personas trans no cuentan con experiencia laboral previa en el Estado. Se intentará que el trabajo incluya además alguna forma de capacitación.

"Los trans sufren violencia desde la niñez. Son expulsados de su casa y del sistema educativo. Por eso buscamos que en principio el gobierno nos de la posibilidad de capacitarnos y terminar los estudios junto con el acceso al trabajo", dijo Rachid.

Según un informe de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (Alitt) la expectativa de vida promedio de una persona trans es de 33 años y las principales causas de muerte son el sida, la aplicación de silicona industrial (aceite de avión) y los asesinatos. Esta ley busca reparar las "ausencia del Estado".

El gobierno de Vidal evalúa ahora la manera en que se determinará el cupo. La idea es que la condición quede demostrada mediante una declaración jurada para acceder al cupo. Para avanzar en estos aspectos de su reglamentación Cantón se reunió la semana que pasó con representantes de ocho agrupaciones. Participaron Abogados por los Derechos Sexuales (Abosex), representantes de Alitt, la Asociación por un Mundo Igualitario (AMI), la Asociación de Transexuales, Travestis y Transgénero de Argentina (Attta), el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), Conurbanos por la Diversidad y la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales.

La reunión tuvo lugar luego de que el Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires le pidiera al Poder Ejecutivo que se reglamente la ley 14.783, aprobada en septiembre de 2015 por la Legislatura provincial.

"Consideramos que los derechos requieren de la acción concreta del Estado, que garantice condiciones de igualdad, reconociendo las desigualdades subyacentes y las vulnerabilidades de los sectores más desprotegidos", explicó Laurana Malacalza, directora del OVG.

En los fundamentos de la ley se explica: "La comunidad travesti, transexual y transgénero de la Argentina se encuentra entre una de las poblaciones más vulneradas históricamente del país. La realidad de este colectivo está atravesada por un contexto de persecución, exclusión y marginación, teniendo grandes dificultades para el acceso a la igualdad de oportunidades y de trato".