La cifra a cubrir como resultado de la maniobra defraudatoria asciende a 685.000 millones de pesos.
Este jueves, se realizó un nuevo pedido a la Justicia Federal en el marco de la causa Vialidad, por la que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria. Esta novedad se da a conocer al mismo tiempo que la Justicia confirmó que podrá volver a cobrar la pensión de Néstor Kirchner, pero no así su beneficio por ser expresidenta.
El fiscal general Diego Luciani pidió al Tribunal Oral Federal el decomiso del departamento de San José 1111, donde la exmandataria permanece con arresto domiciliario, por la condena a 6 años de prisión por la causa de corrupción.
Luciani avanzó en una segunda tanda de decomisos en el marco del caso Vialidad, donde la cifra a cubrir como resultado de la maniobra defraudatoria asciende a 685.000 millones de pesos.
En el nuevo pedido, una de las primeras propiedades de la familia Kirchner que encabeza el listado para decomisar es el departamento de la calle San José 1111. También figura el chalet de Río Gallegos, y los hoteles investigados por lavado.
“Se trata, ni más ni menos, de reparar los daños que se le provocaron a la sociedad y de restaurar la confianza en las instituciones públicas luego de 12 años de un sistema de corrupción que socavó la democracia y los derechos humanos de las personas más vulnerables”, dijo el fiscal.
Junto a un exhaustivo detalle de propiedades, el Ministerio Público reclama como parte del decomiso los 4.664.000 dólares de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; 992.134 dólares de la caja de ahorro del Banco de Galicia, y 53.280,24 pesos.
Fraude por 685.000 millones de pesos
Ante el Tribunal Oral Federal 2, el fiscal Luciani presentó un nuevo pedido de decomiso de bienes. El objetivo es llegar a cubrir los 685.000 millones de pesos que se fijó como monto del fraude ocasionado a través de las 51 licitaciones direccionadas, plagadas de irregularidades, con sobreprecios promedio del 65% y circuitos exclusivos de pago para el Grupo Austral.
“Venimos por el presente a identificar nuevos bienes de las personas condenadas para que se ordene su decomiso. En concreto, solicitamos el decomiso de 141 inmuebles —13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128, a sociedades vinculadas a Lázaro Báez—; 46 automotores”, sostiene el dictamen de la fiscalía.
Por su parte, el Ministerio Público reclama como parte del decomiso los 4.664.000 dólares de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; 992.134 dólares de la caja de ahorro del Banco de Galicia, y 53.280,24 pesos.
Según publica Clarín, el fiscal Luciani indicó que se “viene dilatando el recupero de activos que se ordenó por sentencia judicial firme. La resistencia que demuestran exhibe su total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”.
Y consideró que muchos de los condenados “registran fortunas de una opulencia irrazonable y una magnitud desproporcionada como para, por lo menos, comenzar el complejo proceso de recupero de activos provenientes de los actos de corrupción que cometieron durante 12 años”.
