Los diputados de la oposición que forman parte de la Comisión Investigadora $LIBRA resolvieron convocar a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien aparece señalada en el expediente por haber autorizado el ingreso a la Casa Rosada de los impulsores de la criptomoneda que terminó en una presunta maniobra fraudulenta. En caso de que la funcionaria se niegue a presentarse, los opositores anticiparon que recurrirán a la Justicia para solicitar su comparecencia mediante la fuerza pública.

Durante la primera sesión presidida por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), y con la mayoría de votos opositores, la comisión dispuso además citar a los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes oficiaron de intermediarios entre el presidente Javier Milei y los creadores de la criptomoneda: Hayden Davis (Kelsier Ventures) y Julian Peh (Kip Protocol).

También deberán concurrir el vocero presidencial Manuel Adorni; Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores y cercano a Terrones Godoy; el titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik; y María Florencia Zicavo, responsable de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) creada dentro de la OA para determinar si efectivamente existió estafa.

A su vez, los 14 diputados opositores que integran la comisión resolvieron remitirle un cuestionario al presidente Milei, con la expectativa de que lo responda en los próximos días hábiles.

Por el momento, las citaciones a los funcionarios y empresarios aún no tienen fecha definida. Los legisladores acordaron elaborar el cronograma conforme avance la investigación y se incorporen nuevas pruebas. En paralelo, y a pedido del diputado Oscar Agost Carreño, se enviarán oficios a 16 billeteras virtuales con el objetivo de identificar a los participantes, los montos involucrados en el pool de liquidez que dio inicio al proyecto cripto y el posterior retiro de fondos (rug pull). También se indagarán las 109 transferencias en las que figuran Davis, Terrones Godoy y Novelli.

Previo a estas medidas, los opositores aprobaron el reglamento de la comisión. Allí se establece que, si un funcionario citado no se presenta a declarar, se podrá pedir al juez competente la intervención de la fuerza pública para garantizar su comparecencia.

La diputada Sabrina Selva (Unión por la Patria) defendió la resolución al remarcar: “Este reglamento es una herramienta importante porque garantiza el funcionamiento de la comisión y que los testigos y funcionarios citados ya no puedan negarse a prestar testimonio”.

Desde el oficialismo, sin embargo, rechazaron el reglamento por considerar que implica invadir atribuciones judiciales. El diputado libertario Álvaro Martínez cuestionó: “Además de pretender ensuciar al Gobierno con una comisión que no tiene razón de ser, avanzan un paso más y violan la división de poderes y las competencias propias del Poder Judicial”.

Ante esas críticas, la diputada Mónica Frade (Coalición Cívica) replicó: “Este reglamento se inscribe dentro de los cánones de los reglamentos de las comisiones investigadoras de esta cámara. Nosotros vamos a garantizar la división de poderes y el derecho de defensa de todos y si alguno se siente vulnerado en ese derecho puede ejercer su defensa, así está garantizado por este reglamento”.