El titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 5, Diego Amarante, quedó en el centro de la escena política y deportiva tras citar a indagatoria y prohibir la salida del país al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, en una causa por presunta retención indebida de aportes por más de 19.000 millones de pesos.

La decisión se conoció el mismo día en que la Cámara de Diputados debatía la Reforma Laboral y generó un fuerte impacto: la dirigencia del fútbol argentino anunció la suspensión de la fecha 9 del torneo local en señal de repudio. En tribunales, la medida fue leída como un gesto político hacia el Poder Ejecutivo, que impulsa la investigación a través de ARCA (ex AFIP).

La causa contra Tapia y la reacción de la AFA

Amarante citó a indagatoria a Tapia para el 5 de marzo y, en la misma resolución, le prohibió salir del país, a cuatro meses del Mundial. La convocatoria también alcanza a otros dirigentes, entre ellos el tesorero Pablo Toviggino.

Desde el entorno del titular de la AFA denunciaron una “persecución judicial” y sostienen que no existe deuda exigible. Argumentan que los pagos fueron realizados antes del vencimiento y que la propia administración dictó resoluciones que impiden ejecutar a asociaciones civiles en esa situación, lo que —afirman— vuelve contradictoria la denuncia penal.

En un comunicado oficial, la AFA aseguró que “no tiene deuda alguna exigible” y que la interpretación de ARCA pretende transformar obligaciones no vencidas en sustento de un delito penal tributario. El juez, por su parte, concedió el recurso de apelación presentado por la defensa de Tapia, a cargo de Norberto Frontini, y posteriormente lo autorizó a viajar a Colombia y Brasil bajo determinadas restricciones.

Un juez en carrera y con pasado en Casación

Amarante fue durante más de 15 años secretario del camarista Eduardo Riggi en la Cámara Federal de Casación Penal. En 2014 fue designado al frente del juzgado en lo Penal Económico Nº 5.

Actualmente participa en tres concursos en el Consejo de la Magistratura para ascender a cargos clave: la Cámara Federal de Casación Penal, la Cámara Nacional en lo Penal Económico y la Cámara Federal porteña. En el concurso para Casación —la máxima instancia penal del país— quedó octavo en el orden de mérito provisorio, lo que podría ubicarlo en una terna si se confirman las vacantes. Su eventual designación dependería de la decisión final del presidente Javier Milei.

En ese contexto, en los pasillos judiciales interpretan que el expediente contra la AFA podría convertirse en un “trampolín” para su carrera.

Vínculos familiares y el mundo castrense

Diego Amarante es hijo de Juan José Amarante, mayor retirado del Ejército, acusado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar. El magistrado llegó a pedir licencia en la Cámara de Casación para ejercer la defensa de su padre, quien finalmente recibió falta de mérito.

Además, fuentes judiciales señalan que en su juzgado trabajó Verónica Viviana Romay, hermana del actual jefe de la Armada, vicealmirante Juan Carlos Romay, cuya contratación fue prorrogada por la Corte Suprema en 2016.

El caso Mariano Ferreyra y la sombra de Riggi

Por su estrecha relación con Riggi, Amarante declaró como testigo en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra, donde se investigó el presunto pago de sobornos para favorecer al sindicalista José Pedraza.

En ese expediente, el juez reconoció contactos frecuentes entre Riggi y el exagente de inteligencia Juan José Riquelme, señalado como intermediario en el supuesto pago de coimas. Amarante trabajó con Riggi entre 1999 y 2015, etapa en la que —según quedó expuesto en el juicio— existían vínculos aceitados entre el camarista y sectores de inteligencia.

Riggi también apareció mencionado en chats filtrados vinculados a legisladores libertarios y abogados de represores que analizaban posibles proyectos para liberar condenados por crímenes de lesa humanidad.

Un fallo que impactó en el fútbol argentino

La decisión de Amarante no solo reactivó debates sobre la independencia judicial y los tiempos políticos, sino que tuvo consecuencias directas en el calendario deportivo: la AFA suspendió una fecha completa del torneo local en rechazo a la denuncia de ARCA y a la citación de sus autoridades.

Mientras la Cámara de Apelaciones debe resolver los planteos de la defensa, el juez vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública. Su futuro judicial y el desenlace de la causa AFA aparecen, por ahora, entrelazados en un escenario donde política, tribunales y fútbol vuelven a cruzarse.