El juez federal puso bajo la lupa mensajes y cuentas digitales tras la denuncia de la vicepresidenta. La investigación busca establecer si existió una acción organizada y si los hechos encuadran en delitos como intimidación o violencia política contra las mujeres.
El juez federal Sebastián Casanello dispuso una batería de pericias para establecer si existió una maniobra coordinada en redes sociales contra la vicepresidenta Victoria Villarruel. La medida apuntó a esclarecer si los mensajes que circularon en distintas plataformas respondieron a una estrategia organizada o si fueron expresiones individuales sin conexión entre sí.
Para avanzar en esa línea, el magistrado encomendó a la División de Ciberpatrullaje de la Policía Federal Argentina el análisis técnico de publicaciones, cuentas y patrones de actividad digital. El objetivo consistió en identificar posibles vínculos entre perfiles, determinar direcciones IP y reconstruir la dinámica de difusión de los contenidos cuestionados.
La causa se activó tras una denuncia presentada por la propia vicepresidenta. En su exposición judicial, Villarruel sostuvo que sufrió un hostigamiento persistente que superó el marco de la crítica política. Señaló que algunas conductas podrían encuadrar en figuras penales vinculadas a la intimidación o la incitación.
En su escrito, presentado en agosto, apuntó contra cuentas afines al oficialismo y mencionó expresiones como “rebelión”, “amenazas” e “intimidación pública”. Entre los señalados figuraron el director del medio La Derecha Diario, Javier Negre; el biógrafo presidencial Nicolás Márquez; y la diputada Lilia Lemoine.
La denuncia también incluyó las figuras de “asociación ilícita” y “atentados contra el orden público”, lo que amplió el alcance de la investigación. Casanello procuró determinar si detrás de los mensajes existió una estructura organizada con capacidad de coordinación y difusión sistemática.
Otro de los ejes del expediente radicó en establecer si los hechos podrían configurar “violencia contra las mujeres en la vida política”, una categoría que contempla agresiones que buscan afectar el ejercicio de funciones públicas por razones de género.
La decisión judicial se conoció en medio de un escenario de fuerte tensión entre Villarruel y el oficialismo. El vínculo político con el Presidente quedó deteriorado y el diálogo entre ambos se interrumpió. En ese contexto, la causa judicial sumó un nuevo capítulo a una disputa que ya trascendió el plano institucional.
