El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, se encuentra en la etapa final de elaboración del dictamen que presentará ante la Corte Suprema. Su objetivo es que el máximo tribunal revoque parcialmente el fallo del caso Vialidad y condene a Cristina Fernández de Kirchner a 12 años de prisión, con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El dictamen incluirá el pedido de que se aplique el delito de asociación ilícita, además de la administración fraudulenta por la que ya fue sentenciada a seis años.

Fuentes judiciales anticiparon que Casal tiene previsto presentar el dictamen en las próximas horas. “Se están terminando los últimos detalles y si se llega se presenta mañana”, aseguró a Infobae una fuente cercana al procurador.

Casal respaldará la postura del fiscal Mario Villar, quien ya pidió a la Corte que se revise el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal. El planteo insiste en que se debe agravar la calificación legal y aumentar las penas. También solicita que se revoquen las absoluciones dictadas en esa instancia.

El dictamen apunta a que no solo Cristina Kirchner sea condenada por asociación ilícita. También solicita esa figura penal para Lázaro Báez, José López y José Francisco Periotti. A la vez, Casal propondrá anular las absoluciones de Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor Garro.

“El procurador va a seguir la línea de siempre de sostener los recursos de los fiscales. En muy contadas excepciones no lo hizo”, explicó una fuente con acceso al expediente.

Una vez que Casal presente su escrito, la Corte Suprema quedará en condiciones de resolver. La expectativa se concentra en el momento en que los jueces tomen una decisión, ya que se trata de un año electoral. Cristina Kirchner podría postularse como candidata a diputada nacional o a una banca legislativa en la provincia de Buenos Aires.

La Corte no tiene plazos para fallar. Sin embargo, el calendario electoral le imprime urgencia al caso. El cierre de listas para cargos nacionales será el 17 de agosto y para los comicios bonaerenses, el 19 de julio. En ese contexto, la atención recae sobre los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, luego del rechazo en el Senado al proyecto de Ficha Limpia, que habría impedido una candidatura de la ex presidenta.

El máximo tribunal baraja tres caminos posibles. El primero es rechazar tanto el dictamen de Casal como las apelaciones de las defensas. Si eso ocurre, la sentencia del Tribunal Oral Federal 2 quedará firme. En ese caso, Cristina Kirchner no podrá competir por ningún cargo y deberá cumplir prisión efectiva. Como tiene 72 años, se podría plantear el arresto domiciliario, aunque no es obligatorio.

La segunda opción es que la Corte acepte los argumentos de las defensas y absuelva a los acusados. En ese escenario, Cristina Kirchner quedaría habilitada para presentarse a elecciones y la causa se cerraría definitivamente.

La tercera alternativa consiste en que los jueces acepten el planteo del procurador. Si consideran que la Casación no justificó adecuadamente el rechazo a la acusación por asociación ilícita, pueden ordenar que esa instancia dicte un nuevo fallo. El proceso seguiría abierto y podría prolongarse sin una sentencia firme, como ocurrió en el caso Oil Combustibles.

Si esto sucede, la ex presidenta conservaría la posibilidad de ser candidata. Incluso, si resultara electa, y la Corte confirmara luego la condena, se debería iniciar un proceso para quitarle los fueros, condición necesaria para que la pena de prisión se ejecute.

La causa Vialidad llegó a la Corte a fines de marzo. En abril, el tribunal le remitió el expediente a Casal para que emitiera opinión. El debate gira en torno al fallo de la Cámara Federal de Casación que, en noviembre pasado, ratificó la condena por administración fraudulenta pero rechazó la figura de asociación ilícita.

Durante el juicio, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola exhibieron los mensajes hallados en el celular de José López, tras su detención en 2016 con bolsos con nueve millones de dólares. Los fiscales sostuvieron que esos mensajes evidencian reuniones entre López, Cristina Kirchner y Lázaro Báez, en el tramo final del mandato presidencial. Esa secuencia fue presentada como parte de un operativo para cobrar lo adeudado a las empresas antes del cambio de gobierno.

El fallo del tribunal oral descartó la asociación ilícita. La Casación, por mayoría, mantuvo ese criterio. Villar cuestionó esa decisión y afirmó: “La decisión de la Cámara Federal de Casación Penal luce arbitraria, ya que carece de fundamentos válidos y se limita a rechazar de forma aparente la postura y los recursos de esta parte. Las afirmaciones dogmáticas, las valoraciones aisladas, la omisión del contexto y de la prueba decisiva, transforman a la sentencia en una decisión inválida y dan cuenta de la existencia de diversas causales de arbitrariedad”.

La defensa de Cristina Kirchner, encabezada por el abogado Alberto Beraldi, reclamó su absolución. Sostuvo que durante el proceso hubo “alevosas violaciones a garantías constitucionales” y que los jueces incurrieron en una “grosera arbitrariedad”. También anunció que recurrirá a instancias internacionales si la Corte confirma la condena y pidió apartar a Lorenzetti, cuestión que el máximo tribunal deberá resolver por separado.