A un año de los asesinatos de Franco Almirón (16) y Mauricio Ramos (19) en La Carcova a manos de la Policía Bonaerense, el episodio que le mereció a Casal la mayor inestabilidad política en su cargo, vuelven a producirse acontecimientos que ponen en jaque al Ministro de Justicia y Seguridad bonaerense. El kirchnerismo más puro le mide los pasos al funcionario y, por elevación, cuestionan la política del gobernador Daniel Scioli.

En estas horas se repiten las críticas a un modelo policial y penitenciario agotado. El alcalde mayor Ricardo Casal es apuntado por “montar un show publicitario” (según apunta Horacio Verbitsky en la edición del domingo de Página/12). La muerte de dos jóvenes de clase social baja son el nuevo combustible que alimenta las llamas en el entorno del Ministro. El primer caso es el de un chico de Florencio Varela asesinado por una organización narco que cuenta con protección policial. Y el segundo episodio es la golpiza con patadas y palos por parte del personal del Servicio Penitenciario Bonaerense que recibió un joven detenido en la Unidad 46 de San Martín y que tuvo desenlace trágico. Ambos hechos contaron con la intervención del gobierno nacional, organizaciones de Derechos Humanos y militancia política barrial para poder ser resueltos.

Además del mencionado episodio en José León Suárez, ambos casos coincidieron con el tercer aniversario de la desaparición de Luciano Arruga. Y para los dos hechos el Ministro mostró movilidad encubridora y proteccionista para el accionar delictivo de la policía. Casal obstruyó la investigación sobre Arruga al retacear el uso del único geo-radar del país en un terreno en el que se presumía estaba sepultado y sobre el que avanzaba la construcción de un edificio. También inventó una versión fantástica sobre una banda criminal que habría hecho descarrilar el tren en José León Suárez para saquearlo. El viernes, Scioli dijo que los asesinos habían sido “dos policías irresponsables”, lo cual implica desconocer la cadena de responsabilidades que según la investigación del CELS alcanza por lo menos a sus superiores que programaron y coordinaron la agresión y luego falsearon los hechos para encubrir lo sucedido. Entre ellos están los comisarios Mario Briceño y José Antonio Cortez, ambos confirmados y el primero ascendido por Casal.

Volviendo a la actualidad, Casal repitió el mecanismo de falseamiento tanto en Florencio Varela como en la penitenciaría de San Martín. Sin embargo la participación federal se lo impidió, y el Ministro optó por polémicos operativos para hacer estadística. Como dice Verbitsky en su nota, “cada vez que queda en evidencia la vinculación de funcionarios policiales o penitenciarios con redes delictivas, recurre para taparlas a otras formas de ilegalidad, de mayor consenso social”.

Centenares de efectivos caen de madrugada sobre un barrio popular, allanan domicilios con o sin orden judicial, rompen puertas y muebles, maltratan a mujeres y niños, detienen a decenas de personas por averiguación de identidad, y hasta colocan armas y sustancias estupefacientes que luego se presentan como decomisados en el megaoperativo.

Entre las causas recordadas están la del último diciembre, cuando se anunció el secuestro más grande de cocaína de toda la historia y la detención del segundo jefe del cartel mejicano Los Zetas. Pero fue todo un chasco. El comisario general Roberto Castronuovo, que sobrevivió al caso Candela, tuvo que abandonar su cargo.

LOS ÚLTIMOS CASOS

Los acontecimientos en Florencio Varela son dignos de una novela policial. Pero en resumen, el intendente Julio Pereyra se hizo el desentendido de las relaciones que un comisario mantenía con punteros políticos que vendían drogas en la zona. Un militante proveniente de Lanús y ahora ciudadano del distrito mandó a torturar y matar a uno de los pibes pobres del barrio, Carlos Gabriel Fretes. Huyó con la ayuda de la policía de la zona. Mariotto y Garré intervinieron mientras Casal estaba de vacaciones y el caso está prácticamente resuelto. Incluso la ministra proveyó los servicios de Gendarmería para resguardar a los testigos. Lo importante es que este modelo intervencionista de seguridad podría replicarse en distintos puntos de la provincia.

En San Martín, diez penitenciarios molieron a puñetazos, patadas y palazos a Patricio Jonathan Barrios Cisneros. Su hermano había denunciado el año pasado que el personal del Servicio Penitenciario tenía una banda conformada por detenidos que podían salir de la reclusión para robar en beneficio de los oficiales. Un dato aberrante es que el joven comenzó a ser golpeado en horario de visitas, frente a otros testigos y a su propia esposa, una joven de 18 años con 8 meses de embarazo. La versión oficial dijo “suicidio” y el parte del oficial a cargo es casi risueño. La autopsia desmintió por completo la posibilidad del autoatentado. Tres testigos claves también fueron protegidos por Gendarmería y pudieron contar la verdad.

Y recién después de todo esto, Casal volvió de sus vacaciones, puso en disponibilidad a los penitenciarios, recibió a la familia de Barros, y bajó del helicóptero en la cancha de Racing en plena práctica, como para acaparar simpáticamente la agenda mediática.