Por Carlos Roberto, concejal GEN -PS

La decisión de la Justicia de condenar a la ex secretaria de Hacienda Dora Zorrilla en la causa relacionada con los cursos que había contratado con la Municipalidad en el año 2009, demuestra con claridad que las denuncias que inicialmente llevaron adelante los concejales Sonia Martín, Cristina Aldini y Diego Bonadeo, se basaban en hechos que han demostrado la utilización de contratación a empresas fantasmas con el objeto de financiar sus estructuras políticas.

Todas esas maniobras sólo pudieron ser realizadas con el poyo político del intendente y toda la estructura política, porque sería inconcebible que una funcionaria pudiera ser la única responsable, superar los diferentes estamentos de la administración pública y los organismos de control provincial.

En dicha causa quedó demostrada la inexistencia de los cursos dado que muchos empleados declararon que no habían realizado estos cursos, ni tenían conocimiento de su realización, lo que demuestra la veracidad de las denuncias.

Ante la denuncia de los concejales en el debate de la Rendición de Cuentas de 1999, al hacerse públicas la denuncias, un fiscal abrió la causa de oficio permitiendo que otro fiscal investigara, tome declaración a numerosos testigos y el pedido del procesamiento de muchos funcionarios, lo que motivó que resultara desplazado por razones políticas de protección al intendente.

Todo este proceso demuestra que la lucha contra la impunidad debe superar todo tipo de maniobras y presiones y el silencio de los poderosos medios de comunicación, que en la práctica terminan por ocultar este tipo de causas judiciales. Sólo colaboraron para que los vecinos de Vicente López estén informados algunos medios locales, entre los cuales se encuentra Miguel Armaleo (…).

Sigue vigente la otra causa judicial conocida como Granara, iniciada por los concejales del FREPASO en abril de 1998, donde se denunciaba la contratación de una empresa por 143 facturas consecutivas, la que resulta inexistente con una dirección trucha; sumándose una sobrefacturación que fue confirmada por los peritos judiciales.

Esta situación motivó que los ediles Carlos Roberto, Eva Valenzano, Sonia Martín y Enrique Romero presentáramos la solicitud de una Comisión Investigadora, que fue debatida en el Concejo Deliberante el 23 de septiembre de 2004, en la cual defendieron la gestión municipal lo más conocidos oficialistas como Javier Carrillo, Mónica Uezen y Norberto Erro, algunos electos por listas opositores que acompañaran el rechazo de la investigación legislativa.

Esperamos que la Justicia concluya la investigación correspondiente y que reivindique a todos aquellos que siempre han luchado por la verdad y la justicia.