A partir de una propuesta del vicepresidente del espacio Rubén Eslaiman, la diputada nacional y titular del Partido Justicialista de San Martín, Graciela Camaño, realizó una audiencia con los militantes peronistas del distrito para manifestar su visión acerca del proyecto kirchnerista de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y de qué forma se lo está tratando en el Congreso.

En un principio, la legisladora consideró “lamentable” que se haya “instalado en la agenda pública un proyecto que no resuelva los problemas de la gente, como la inseguridad y el desempleo”. Sin embargo, rescató la importancia de la iniciativa “porque lo que está en juego es la libertad”.

Camaño la consideró “una ley notada porque cuesta mucho trabajo tener una interpretación acabada” de sus 157 artículos, de los que dijo “tener observaciones y correcciones en todos” y hasta algunos los tildó de “inconstitucionales”.

Sin entrar en detalle, la presidenta del PJ local ahondó en los puntos más picantes y polémicos que giran en torno a la ley. Según su punto de vista, la ley debe tratarse antes de la renovación legislativa de diciembre, pero a su vez reclamó más tiempo para debatir. Además, aseguró que la legislación “está hecha para reventar a alguien”, en referencia al Grupo Clarín, enfrentado con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y opinó: “Clarín no es un monopolio, sino una posición dominante. Monopolios va a ser lo que va a formar esta ley”.

“La ley está planteada para que dentro de un año el Grupo Ávila o Clarín se desintegre. Lo más probable es que el pueblo argentino le pague a estos grupos una jugosa indemnización por la inoperancia de los funcionarios que le entregaron en 1997 diez años de prórroga a Clarín y 17 años al Grupo Ávila. Es una pelea entre dos elefantes, mientras que abajo se encuentra en pueblo argentino”, dijo Camaño, mientras medio centenar de militantes sanmartinenses la escuchaban atentamente. Entre ellos, se encontraba la concejal electa Mirta Ward, que hace más de dos meses compartió la boleta con la lista de Néstor Kirchner y Daniel Scioli.

Con respecto al permiso que la iniciativa le otorgaría a las empresas de telefonía para ingresar al mercado de radiodifusión, siempre y cuando se demuestra que el 70 por ciento de acciones son de capitales argentinos, la diputada expresó que no critica esta cuestión porque es un debate que se tiene que dejar para más adelante. “Yo sé que tiene que ingresar la telefonía al negocio –aseguró- pero se tienen que replantear las reglas de juego. Deben cambiar el cobro que le hace a los usuarios porque está teniendo un negocio impensando que no estaba previsto”. “Es un delito”, sentenció.

Por último, en relación a los órganos que se conformarán para regular el mercado a partir de la sanción de la ley, la esposa del sindicalista Luis Barrionuevo afirmó: “Es importante que se cree el consejo de participación, pero no sirve si se va a reunir cuatro veces y sólo va a durar dos años, y además no va a ser vinculante. Lo pusieron para cumplirle a alguien”.

Antes de dar por finalizada la audiencia, un militante le preguntó a Camaño: “¿Sale la ley?”. A lo que ella, dubitativa, respondió con un rotundo “no sé”. “Yo supongo que si sale así, en marzo (cuando asuman los nuevos legisladores nacionales) estaríamos discutiendo nuevamente”.

Lo que sí está segura la titular del PJ de San Martín es su rechazo al proyecto. “Voy a votar en contra”, agregó en reiteradas oportunidades.

Por Gonzalo Cores