La decisión de un grupo dentro de la UCR de aplazar la sesión sobre el presupuesto educativo reavivó las tensiones internas en el partido radical. Los desacuerdos se trasladaron al partido, superando las fronteras del Congreso de la Nación, y aquellos descontentos con la estrategia señalaron directamente a la dirección del bloque en Diputados: «Unilateral«.

No hay dudas de que la UCR enfrenta diferencias internas. Los conflictos fueron especialmente evidentes en Diputados, donde ya operan dos sub-bloques de manera abierta, aunque también se manifestaron en el Senado, dejando a Martín Lousteau en una posición más aislada. En esta ocasión, las críticas se dirigieron hacia Rodrigo de Loredo por haber aplazado la sesión solicitada por el propio bloque.

El 5 de junio, durante el debate sobre la movilidad jubilatoria, Unión por la Patria intentó incluir en la agenda el presupuesto universitario y la restitución del FONID. El radicalismo, alegando la necesidad de no mezclar temas y la falta de consenso sobre estos dos asuntos educativos, solicitó una sesión para el 3 de julio con el fin de abordar exclusivamente esos proyectos, característicos del partido.

Con el tiempo, se comenzó a cuestionar la realización de esa sesión. Finalmente, se decidió posponer el tratamiento hasta agosto, después de las vacaciones de invierno. Las reacciones dentro del partido respecto a esta estrategia conciliadora con el Gobierno fueron variadas.

Según explicaron quienes apoyaron la decisión de la conducción del bloque, los gobernadores pidieron a los diputados «un mes de respiro» para avanzar en negociaciones fuera del Congreso centradas en fondos específicos como el FONID. Buscan que la Casa Rosada comprenda y resuelva la situación del sistema educativo y los problemas inminentes, con la intención de que, además, se desbloqueen o negocien las transferencias a las provincias.

Durante la negociación del paquete fiscal, se decidió priorizar la resolución del regreso del impuesto a las Ganancias para asegurar fondos tanto para la Nación como para las provincias, una medida que podría complicarse si se judicializa.

Posteriormente, se analizarían los fondos específicos como educación y transporte, que son de particular interés para los gobernadores, quienes son interlocutores clave para la Casa Rosada.

Cerca de un gobernador de línea dura, se afirmó que existe un compromiso de no interferir en el Congreso en cuestiones de financiamiento y déficit, prefiriendo consensuar estos temas con el oficialismo. Por esta razón, los mandatarios solicitaron que los legisladores no se enfoquen en estos asuntos para poder negociarlos directamente entre los poderes Ejecutivos.

Dentro del Congreso, las expectativas varían. Algunos consideran que agosto será un mes muy complicado para la relación con el Gobierno nacional, mientras que otros creen que las negociaciones con las provincias están avanzadas y que sería un error presionar una relación ya de por sí inestable. Convocar a una sesión que ponga en aprietos a la Casa Rosada, casi incitando a un veto presidencial, podría ser problemático para todos.

«Fue decisión unilateral de De Loredo y los de (el gobernador de Mendoza, Alfredo) Cornejo«, afirmó una fuente parlamentaria del sector boina blanca, molesta con la estrategia del bloque. De esta manera, desvinculó a un grupo que no buscó postergar el debate educativo, específicamente el representado por Facundo Manes. Los que no participaron de esa decisión estaban «a las puteadas«, añadió. Cerca del mendocino afirmaron que el mandatario no está solo en su pedido, pero que tiene dirigentes propios negociando.

Para las provincias, el FONID es crucial para el pago de sueldos docentes. Para la tradición radical, la cuestión universitaria es fundamental. Aquellos que apoyan la postergación del debate sostienen que, para las universidades, el problema de los gastos de funcionamiento ya fue resuelto y «es lo que los dictámenes abordan. Aparte está el conflicto salarial», que aún no tiene solución.

Esta decisión no fue respaldada por todos en el radicalismo. Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, ex diputado nacional y líder político de Evolución, lanzó un mensaje contundente en las redes sociales, responsabilizando a quienes decidieron no tratar los proyectos esta semana del «desguace de la institución pública con más prestigio de nuestro país».

«Ya perdieron el 40% de su salario en pocos 6 meses. El éxodo de docentes y equipos de investigación ya comenzó y tenemos que redoblar esfuerzos para frenarlo«, añadió refiriéndose a la cuestión salarial. Agustín Rombolá, ex presidente de la Juventud Radical de la CABA, fue aún más crítico y pidió directamente «un mejor Presidente de bloque» que De Loredo.

El sábado, en Santa Fe, tuvo lugar un encuentro de organizaciones radicales con presencia federal. Fue la primera vez que un acto de este tipo contó con la participación de la Juventud Radical, la Franja Morada, la Organización de Trabajadores Radicales, UCR Diversidad y el Foro de Intendentes, además de diputados nacionales, provinciales, intendentes, concejales y ministros de las provincias gobernadas por la UCR.

«Estamos todos de acuerdo en la necesidad de realizar ajustes; la cuestión radica en determinar la naturaleza de esos ajustes y su distribución, sin que resulten afectados los jubilados que desconocen el monto de sus futuros pagos mensuales, así como las pymes que enfrentan incertidumbre respecto a los costos de servicios y alquileres», afirmó Lousteau. El destino de los jubilados sigue siendo incierto.

El proyecto de movilidad jubilatoria ha sido aprobado en primera instancia por la Cámara de Diputados, pero acaba de ser remitido al Senado el pasado viernes, lo que significa que aún tiene un largo camino por delante antes de ser tratado en el recinto; además, se aproxima el receso de invierno en cuestión de semanas. Esta semana, se espera que se celebre una sesión el jueves para abordar nombramientos de embajadores y militares, pero no los de los candidatos a la Corte Suprema.

En este contexto, los líderes del partido amarillo han comenzado a tomar acción. Mauricio Macri ya venía planeando marcar diferencias con la administración de Milei. Aunque coinciden en términos económicos, algunas variables han resultado impredecibles para él. Tras la aprobación de la ley Bases, el ex presidente no esperó más que un fin de semana para presentar su propia agenda.

En un contundente informe de la Fundación Pensar, presidida por María Eugenia Vidal, los integrantes del PRO, con la participación de Mauricio Macri, señalaron las señales de alerta del plan de Milei: aunque la inflación muestra una tendencia a la baja, sigue siendo elevada, mientras aumenta el desempleo y la pobreza. También se destaca la disminución del consumo, una significativa brecha cambiaria, estancamiento en el ámbito educativo, ingresos que no alcanzan para compensar la inflación y jubilaciones que dejan a los beneficiarios en niveles de pobreza. Tras su publicación, el PRO intentó suavizar el tono del informe, enfatizando los logros del gobierno actual y atribuyendo los aspectos negativos a la herencia recibida.

El extenso informe de 39 páginas de la Fundación Pensar desacredita algunos argumentos clave de Milei, mientras que el PRO utiliza este documento para promover su propia agenda, enfocada en los valores fundamentales del partido como la transparencia en la gestión pública y la lucha contra la corrupción, la educación pública como base del desarrollo y la creación de oportunidades, así como una política de seguridad profesional para asegurar la tranquilidad de los argentinos.