Burford Capital formalizó ante la Justicia de Estados Unidos un pedido para que la Argentina sea declarada en desacato en el marco del litigio por la expropiación de YPF. La solicitud se presentó ante la jueza Loretta Preska, quien dictó la sentencia de primera instancia que condenó al Estado argentino por la forma en que se realizó la estatización de la petrolera en 2012.

El planteo llegó luego de un anticipo realizado antes de Navidad y abrió un nuevo capítulo en una causa extensa, con múltiples derivaciones judiciales. Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y especialista en litigios internacionales, advirtió que el proceso será largo y complejo. También señaló que el Estado argentino presentará sus argumentos el próximo 19 de febrero. “Argentina rechaza todos los argumentos y afirma que ha cumplido con las órdenes de la Juez Preska”, sostuvo.

Según explicó Maril, los demandantes solicitaron una batería de medidas contra el país. Entre ellas, pidieron que se declare el alter ego de distintos entes estatales, como el Banco Central, el Banco Nación, YPF y Aerolíneas Argentinas. También reclamaron sanciones civiles, una presunción adversa por supuesta evidencia no entregada, una multa coercitiva de un millón de dólares por día y, finalmente, que se declare a la Argentina en desacato.

Desde la Procuración del Tesoro, a cargo de la defensa del Estado, rechazaron el planteo. Afirmaron que la Argentina “ha cumplido plena y ampliamente con el proceso de discovery, incluso mediante la entrega de más de 113.000 páginas de documentos y el testimonio de diversos funcionarios del gobierno argentino”. Además, señalaron que la moción de Burford buscó hostigar al país con pedidos “intrusivos y desproporcionadas”, en línea con una estrategia que el propio CEO del fondo reconoció ante inversores para “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica argentina.

Fuentes oficiales sostuvieron que Burford perdió margen procesal para mejorar su posición y recurrió al planteo de desacato como forma de presión. “Se trata de una estrategia de hostigamiento para presionar al país y forzar una negociación desde una posición que ya no tiene”, afirmaron. También recordaron que el fondo compró el derecho a litigar a bajo costo y financió el juicio durante años con el objetivo de multiplicar su ganancia con un fallo favorable.

La sentencia central del caso condenó a la Argentina a pagar USD 16.000 millones, cifra que superó los USD 18.000 millones con el correr de los intereses. El fallo fue apelado y tuvo audiencia en octubre, pero la legislación estadounidense permite avanzar con la ejecución mientras la apelación sigue su curso. En ese marco, Burford impulsó diversas acciones para cobrar, como el intento de quedarse con el 51% de las acciones de YPF en manos del Estado o demostrar que existe identidad jurídica entre el Gobierno y la empresa.

Como parte de esa estrategia, el fondo solicitó correos electrónicos y mensajes privados de funcionarios actuales y anteriores, entre ellos Luis Caputo y Sergio Massa. La Procuración del Tesoro respondió que, bajo el derecho estadounidense, solo pueden exigirse documentos que estén en “posesión, custodia o control” del requerido. También aclaró que el Estado no controla los dispositivos ni las cuentas personales de sus funcionarios y que, según la legislación argentina, esas comunicaciones son inviolables.

Argentina expresó su voluntad de colaborar con los requerimientos judiciales, aunque no en los términos que exigieron los demandantes. Sobre ese punto se basó el pedido de sanciones. El tema adquirió relevancia política y financiera, ya que una eventual declaración de desacato impactaría de lleno en la estrategia del país para volver a los mercados internacionales, en un contexto en el que el presidente tiene previsto encabezar en marzo un evento para inversores en Nueva York.

El ex subprocurador del Tesoro Sebastián Soler explicó que Burford busca probar un control estatal intenso sobre YPF y otros entes para habilitar embargos sobre activos en Estados Unidos. “Porque supone que pueden contener evidencias de que el Gobierno nacional ejerce un control tan intenso y cotidiano sobre YPF, el Banco Central, Aerolíneas y/o Enarsa como para considerarlas alter egos del Estado nacional”, escribió. Luego recordó que intentos similares fracasaron en el pasado. “Spoiler alert: entre 2002 y 2015, los fondos buitres lo intentaron y la justicia estadounidense rechazó todos sus planteos”, agregó.

Burford comunicó formalmente su intención de pedir sanciones el 24 de diciembre, con el argumento de que la Argentina omitió presentar determinadas comunicaciones fuera de los canales oficiales. De acuerdo con el cronograma del expediente, la jueza Preska difícilmente emita una decisión sobre el pedido antes de fines de marzo.