La ofensiva del Gobierno contra la conducción de la AFA tomó un nuevo impulso. Patricia Bullrich formalizó una denuncia ante el Comité de Ética de la Conmebol contra Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, a quienes vinculó con maniobras que, según sostuvo, dañaron la transparencia del fútbol argentino. La presentación llegó después de un allanamiento judicial en una mansión de Pilar asociada al titular de la AFA, dentro de una causa por presunto lavado de activos.

La senadora de La Libertad Avanza justificó su decisión con una acusación directa. En sus redes sociales afirmó que el objetivo fue “investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino”. El planteo oficial se apoyó en los resultados de un procedimiento judicial que expuso un nivel de patrimonio que llamó la atención de los investigadores.

El operativo se realizó en una estancia de diez hectáreas ubicada en Villa Rosa. En el lugar se encontraron 54 vehículos, entre ellos 45 autos de lujo o de colección, siete motos de alta cilindrada y dos kartings. El predio incluso contaba con helipuerto. La causa central apuntó contra Sur Finanzas, empresa de Toviggino, a la que los investigadores vincularon de forma directa con Tapia.

Bullrich cuestionó el destino de los recursos que generó el fútbol argentino. “¿Dónde está la plata que entra por la publicidad y por la Selección?”, preguntó. También planteó dudas sobre los gastos de la dirigencia y el manejo interno de la AFA. “¿Por qué los premios a los campeones son más bajos que los vuelos de Tapia por el mundo?”, agregó. En el mismo mensaje incluyó sospechas sobre “Sur Finanzas manejando deudas de clubes a cambio de favores y votos” y sobre la “retención de aportes”.

En la denuncia, la senadora sostuvo que Tapia y Toviggino quedaron alcanzados por una serie de hechos graves. Enumeró el “presunto uso de sociedades interpuestas”, la “adquisición de bienes de altísimo valor mediante sociedades vinculadas al entorno dirigencial”, las “contrataciones directas entre la AFA y empresas vinculadas” y un “incremento patrimonial abrupto e incompatible”. También mencionó investigaciones administrativas y fiscales en curso contra la AFA.

El allanamiento se realizó por orden del juez federal Daniel Rafecas. La propiedad figuró a nombre de Real Central SA, sociedad de Luciano Pantano y su madre, Ana Conte. Ambos quedaron bajo investigación por sospechas de actuar como testaferros de Tapia y Toviggino. La medida buscó establecer el valor real del inmueble y determinar si integró un esquema de ocultamiento patrimonial ligado a la cúpula de la AFA.

En su presentación ante la Conmebol, Bullrich acusó a los dirigentes de “presuntas violaciones al Código de Ética”. Citó de forma explícita los principios de integridad, deber fiduciario, conflicto de intereses, transparencia en las contrataciones, uso adecuado de recursos y prevención del lavado de activos dentro de las federaciones miembro.

El documento también sostuvo que los hechos “comprometen seriamente los estándares de integridad, transparencia y buena gobernanza exigidos por la Conmebol”. Bajo ese argumento, la senadora reclamó la intervención del Tribunal de Ética. “Por todo ello, el Tribunal de Ética resulta plenamente competente para conocer, investigar y eventualmente sancionar las conductas denunciadas”, concluyó.