El oficialismo encara una negociación decisiva en el Senado para intentar aprobar uno de los proyectos más importantes de la agenda legislativa de Javier Milei. La iniciativa sobre la inviolabilidad de la propiedad privada continúa sin los apoyos asegurados: aunque Patricia Bullrich logró acercar posiciones con Federico Sturzenegger, persisten dudas entre bloques aliados y una convocatoria a movilizarse frente al Congreso amenaza con complicar la sesión. En ese escenario, el rol de la UCR vuelve a ser determinante para garantizar el cuórum.

El principal foco de conflicto está en el capítulo que modifica la Ley de Tierras, al habilitar una mayor apertura para la adquisición de campos por parte de extranjeros. La normativa vigente, sancionada hace poco más de diez años, establece un tope del 15% de la superficie nacional y un máximo de mil hectáreas por titular extranjero.

Aunque durante el tratamiento en comisión ese apartado fue modificado en varias oportunidades —incorporando restricciones para impedir compras por parte de Estados extranjeros y reforzando la protección de las zonas de frontera—, una intensa campaña en redes sociales durante el Mundial de fútbol reactivó el rechazo de distintos sectores opositores, que buscan frenar la reforma.

La intención inicial de Patricia Bullrich era llevar el proyecto al recinto el 16 de julio, pocas horas después de la victoria de la Selección argentina sobre Inglaterra. Sin embargo, decidió postergar el debate al advertir que los votos eran demasiado ajustados y que Federico Sturzenegger seguía rechazando una de las modificaciones aceptadas durante las negociaciones con los gobernadores.

Las diferencias entre Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger

La discusión dentro del oficialismo se concentró en el artículo 25 del dictamen, que reconoce a las provincias la «jurisdicción plena» sobre sus tierras y recursos naturales, además de crear un registro de compradores extranjeros.

Al conocer esa redacción, Federico Sturzenegger cuestionó el texto y le planteó a Patricia Bullrich que ni la legislación vigente ni la Constitución asignan esas competencias a las provincias. Ante ese escenario, la titular del bloque oficialista resolvió postergar el tratamiento hasta el 6 de agosto para evitar que un eventual intercambio entre el ministro y el Presidente hiciera naufragar el consenso alcanzado.

La semana pasada, la senadora recibió al ministro en su despacho y consiguió destrabar parcialmente el conflicto. Tras ese encuentro, tanto Sturzenegger como su equipo dejaron trascender que no impedirán un eventual acuerdo en la Cámara alta y que, en caso de ser necesario, las observaciones podrían resolverse más adelante durante la reglamentación de la norma.

Durante esa conversación, Patricia Bullrich le transmitió que insistir con una posición inflexible podía poner en riesgo toda la iniciativa. “Los gobernadores siempre van a poder hacer su ley local. Pero, si no derogamos la regulación nacional, un inversor forestal que quiera comprar más de 1000 hectáreas tiene que dar explicaciones. Eso tenemos que evitar”, argumentó la senadora. Superado ese obstáculo, el oficialismo retomó las conversaciones con los bloques dialoguistas, aunque el panorama continúa abierto.

La movilización que inquieta al oficialismo

Las diferencias internas dieron margen para que sectores opositores organizaran una protesta frente al Congreso el mismo día de la sesión, con el objetivo de rechazar la reforma sobre la venta de tierras.

La convocatoria comenzó desde el kirchnerismo y rápidamente sumó adhesiones de ambas CTA, organizaciones sociales y partidos de izquierda. El eje de la campaña sostiene que la iniciativa facilitaría el control de recursos estratégicos —como el agua, la energía y áreas sensibles de la Patagonia— por parte de capitales extranjeros.

Desde la Casa Rosada rechazan esa interpretación y sostienen que la reforma no modifica el dominio provincial sobre los recursos naturales. «Si el problema es que la explotación de recursos esté en manos de extranjeros, estamos hablando de xenofobia», responden desde el Gobierno.

La UCR, otra vez en el centro de la definición

La protesta también apunta a influir sobre los bloques dialoguistas y, especialmente, sobre la UCR, cuyos diez senadores aparecen como decisivos para habilitar el tratamiento del proyecto.

En la sesión anterior, el radicalismo colaboró para reunir el cuórum, aunque no todos sus integrantes respaldaban el capítulo referido a la Ley de Tierras. Maximiliano Abad ya anticipó que votará en contra, mientras que Flavio Fama y Daniel Kroneberger todavía no definieron públicamente su posición.

«Si los presionamos y no votan, se pueden caer», señalaron desde el peronismo al analizar el escenario parlamentario. Con esos números, el oficialismo alcanzaría apenas los 37 votos necesarios: los 21 de La Libertad Avanza, tres del PRO, nueve de la UCR y cuatro aliados —Carlos Espínola, Flavia Royón, Julieta Corroza y Beatriz Ávila—.

Aun así, Patricia Bullrich tampoco tiene asegurado el respaldo de los representantes de Misiones y Santa Cruz, ni de Alejandra Vigo y Edith Terenzi. Si aparecen nuevas diferencias dentro del radicalismo o entre los aliados, la votación podría volver a complicarse. Por eso, el oficialismo intensificará las negociaciones durante los próximos días para intentar llegar al recinto con los apoyos necesarios.