Patricia Bullrich salió a fijar posición en la antesala de una semana decisiva para el oficialismo. Con la reforma laboral lista para volver al recinto del Senado, la funcionaria dejó un mensaje directo hacia los tribunales y marcó el terreno frente a eventuales presentaciones judiciales.

“La Justicia no puede interponerse sobre la voluntad de los legisladores”, sostuvo. La frase no fue casual. El Gobierno previó que el nuevo esquema laboral podría enfrentar impugnaciones apenas se convierta en ley.

La reforma regresó a la Cámara alta luego de que Diputados eliminó el artículo 44, que establecía límites al pago de licencias médicas. Ese cambio obligó a un nuevo tratamiento. En la Casa Rosada estimaron que no habría obstáculos para su aprobación definitiva.

Bullrich defendió el proceso parlamentario y lo calificó como “una construcción muy democrática de esta ley”. También describió el objetivo político del proyecto: “la Argentina amanezca con un, un nuevo paradigma laboral que nos permita […] a los argentinos concentrarnos en que empresas y trabajadores puedan lograr […] conciliación, convivencia y buenas prácticas”.

La ministra detalló el cronograma legislativo. “El viernes se debate la reforma laboral, el jueves el régimen Penal Juvenil y Mercosur, así que tenemos una agenda importante”, afirmó. La intención oficial fue cerrar el paquete de leyes antes del 1 de marzo, cuando el presidente Javier Milei hablará ante la Asamblea Legislativa.

Sobre ese punto, expresó confianza: “Esperemos que sí, esperemos que eso sea lo que logremos. Creemos que acá se ha armado un equipo muy sólido, de grupos […] reformistas, de un equipo reformista que quiere ayudar a que la, el país se reforme y aportar, porque ha tenido […] aportes de todos, de la Unión Cívica Radical, del PRO, de los bloques provinciales”.

El oficialismo contó con respaldo de sectores del peronismo tanto para la reforma laboral como para la baja de la edad de imputabilidad y el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Solo el espacio de Unión por la Patria alineado con Cristina Kirchner votó en contra de todas las iniciativas.

El Senado ya había dado media sanción con 42 votos en general y 38 en particular. En el Gobierno proyectaron un escenario similar para la definición final, sobre todo porque la Cámara alta solo debía aceptar o rechazar la modificación introducida por Diputados.

La advertencia de Bullrich apuntó a cerrar filas antes de que la discusión se traslade a los tribunales. En la Casa Rosada consideraron que el respaldo legislativo otorgó legitimidad suficiente al proyecto y que cualquier intento de frenarlo en la Justicia implicaría desconocer la decisión del Congreso.

La reforma laboral se convirtió así en el eje de una doble disputa: política dentro del Parlamento y jurídica fuera de él. Bullrich decidió anticiparse a ese segundo frente.