El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, fue citado a declaración indagatoria dictada por el juez, Sebastián Casanello, contra él y otros 22 dirigentes que están imputados por extorsionar a beneficiarios de planes sociales.

«Lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria», afirmó Casanello y a eso le siguió la «exigencia a quienes acudían a determinados comedores comunitarios y eran beneficiarios de aquel programa de concurrir a movilizaciones político-partidarias (con banderas identificatorias), aportar sumas de dinero a la organización y hasta votar por un candidato en particular -referenciado en el propio espacio político- en elecciones generales, bajo la amenaza de perder la ayuda estatal».

El magistrado resaltó cómo las personas vulnerables recibían esos planes a través de la intermediación de las organizaciones y cómo se comprobó «el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos».

Por su parte, Belliboni salió a defenderse y le pegó al Gobierno: «Siempre estuve ajustado a derecho y lo voy a estar. No hice nada malo. Los compañeros no hicieron ninguna de las porquerías que dice el Gobierno de (Javier) Milei y (Sandra) Pettovello. Claro que me voy a presentar el 25 de junio, pero les aclaro algo, hasta ahora a mí no me llegó ninguna notificación. El Gobierno me quiere preso porque le molestamos».

La causa se originó el 20 de diciembre, el día que se preparaba la primera movilización de piqueteros contra Javier Milei y el Gobierno habilitó el número 134 del Ministerio de Seguridad para que los ciudadanos hicieran denuncias anónimamente. Se hizo una denuncia en los tribunales de Comodoro Py: hubo reportes de todo el país, el fiscal Pollicita, que recibió la investigación delegada, se focalizó en las 45 que tuvieron lugar en la Capital Federal, su jurisdicción. Y avanzó en intentar rastrearlas. Localizó a siete: cinco de esas personas se animaron a declarar.

El juez resolvió citar a indagatoria a Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani y Cynthia Delgado Vilches para el día 11 de junio; Gloria Paraguay Estrada, Rossmery Grande Arancibia, Mercedes Fossat y María Cecilia Cowper para el día 12 de junio; Carlos Fernández Kostiuk, Manuel Alonso y Lorenzo Martelli para el día 13 de junio; Jeremías Cantero, Gianna Puppo, Iván Ezequiel Candotti y Gustavo Guillermo Vásquez para el día 18 de junio y Mariano Alejandro Centanni, Erika Lubenfeld, Ezequiel Coego y Elizabeth del Carmen Palma para el día 19 de junio. La ronda termina con la citación a Eduardo Silvio Belliboni, María Isolda Dotti, Iván Ortiz y Roberto Adrián Albornoz para 25 de junio.

En los próximos días, la Unidad Piquetera y representantes de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se reunirán para organizar movilizaciones frente a los tribunales de Comodoro Py los días 11 de junio, 12, 13, 18, 19 y el 25 de ese mes.

Belliboni será el último en ser indagado. Antes lo harán los otro dirigentes sociales del Polo Obrero, del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y de Barrios de Pie. «Vamos a ir a presentarnos, yo y todos los compañeros citados; no tenemos nada que ocultar. No solo vamos a ir a declarar lo que quiere escuchar Casanello, sino que vamos a ir a denunciar», reforzó más tarde Belliboni en diálogo con La Red.

La sospecha es que el Polo Obrero usó «facturación apócrifa» y simuló “gastos no concretados” para “disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos” recibidos del Estado, sostuvo Casanello. Según la hipótesis del juez, «lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria» y Belliboni, como líder de la agrupación, estaría a la cabeza de esos hechos