Diputados aliados del PRO y del MID exigieron al Gobierno establecer un «diálogo directo» con alguien del «triángulo de hierro». Buscan que el bloque oficialista respalde las propuestas del macrismo en el Congreso. Santiago Caputo, un asesor influyente, asumirá el rol de asegurar a los aliados en las reuniones de «coordinación» que los compromisos sean respetados.

«No hay un interbloque de diputados, lo que tenemos son reuniones de coordinación para alcanzar consensos y votar los proyectos que solicita el gobierno, pero también pedimos reciprocidad; queremos que los diputados de La Libertad Avanza apoyen varios de los proyectos del PRO que aún están pendientes», expresó Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO, en una declaraciones televisivas.

Tras una reunión de más de dos horas, encabezada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, Ritondo confirmó que se alcanzó un acuerdo para «seguir coordinando votaciones conjuntas» y asegurarle a Javier Milei la «nueva mayoría» necesaria para aprobar la Ley de Presupuesto, la Ley Hojarasca, entre otros proyectos.

Al finalizar la reunión general, Ritondo sostuvo un encuentro privado con Santiago Caputo, quien se comprometió a participar en futuras reuniones de coordinación.

Francos y Federico Sturzenegger comenzaron el encuentro, programado para el mediodía, con los diputados nacionales aliados al Gobierno, a fin de tratar los temas centrales de la agenda legislativa. La reunión tuvo lugar en el Salón de los Escudos de Casa Rosada.

En dicha reunión participaron el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña. Entre los diputados presentes se encontraban los presidentes de los bloques de La Libertad Avanza y del PRO, Gabriel Bornoroni y Cristian Ritondo, junto a legisladores como Nicolás Mayoraz (LLA), Santiago Santurio (LLA), Carlos Zapata (LLA), Silvia Lospennato (PRO), Silvana Giudici (PRO), Eduardo Falcone (MID) y María Cecilia Ibañez (MID). También estuvo presente el economista cercano al Gobierno, Lucas Llach.

Silvana Giudici fue la encargada de transmitir el descontento de los aliados por el incumplimiento de acuerdos previos por parte del Gobierno de Milei.

«Antes de estas reuniones de coordinación, presentamos un temario extenso, y hoy trajimos los que consideramos son los puntos pendientes: la privatización de Aerolíneas Argentinas, la disolución de la Defensoría del Público, avanzar con la Ley de Ficha Limpia (que impide a quienes tienen condenas judiciales ser candidatos) que ya tiene dictamen, pero aún no ha llegado al recinto, y la Ley de Energías Alternativas«, subrayó la diputada.

Además, Giudici manifestó la insatisfacción de los diputados del PRO respecto a las explicaciones brindadas por el Poder Ejecutivo sobre el decreto que restringe el Acceso a la Información Pública: «Les dijimos que no fue en absoluto satisfactoria la reunión con la titular de la Agencia de Información Pública. No pudo responder ninguna de las observaciones que le planteamos sobre el decreto, y tomaron nota de que nuestra intención es avanzar en la modificación de esa norma».

En el entorno más cercano a Javier Milei se reconoce que el Gobierno prefiere que la oposición no apruebe el Presupuesto 2025. Sin embargo, Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO, aclaró que durante la reunión en Casa Rosada, la mesa política del Gabinete les solicitó avanzar en las discusiones para que la ley sea aprobada antes de que finalice el año. La falta de un presupuesto aprobado por el Congreso durante dos años consecutivos podría generar una caída en la confianza en el plan económico, lo que conllevaría un aumento en el riesgo país y una pérdida de estabilidad. Además, esta situación podría ser interpretada como una señal de debilidad política que afectaría la gobernabilidad.

Ritondo, al finalizar el encuentro, confirmó que los tres bloques aliados están de acuerdo en respaldar tanto el Presupuesto como la Ley Hojarasca. No obstante, también apoyarán las demandas de la oposición para aumentar las partidas destinadas a las universidades públicas, un tema que comenzará a debatirse este mismo martes en las comisiones de la Cámara de Diputados.

Desde la Casa Rosada, se ha reiterado que están dispuestos a negociar el incremento de partidas para las universidades, pero aclaran que esos fondos deberán provenir de una reducción en los recursos destinados a otras áreas, como obras públicas.

El escenario que se plantea es crucial, ya que la gestión de Javier Milei se enfrenta al delicado equilibrio entre la necesidad de un presupuesto aprobado y la presión de la oposición. La decisión de negociar con las universidades y reorientar los recursos hacia áreas prioritarias se convierte en una prueba de fuego para el Gobierno, que deberá demostrar su capacidad de gobernabilidad en medio de tensiones políticas. Sin embargo, la falta de consenso y la posible dilación en la aprobación del presupuesto podrían intensificar la incertidumbre económica, afectando tanto la confianza de los inversores como la estabilidad del país en el largo plazo.