El exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, se encuentra nuevamente en el centro de una controversia política y judicial. Tras conocerse denuncias de supuestos «maltratos» durante su detención, el repudio fue inmediato y contundente por parte de figuras clave del kirchnerismo y el peronismo, quienes denunciaron una «persecución judicial y política» con el objetivo de «criminalizar al peronismo».

El exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, se encuentra nuevamente en el centro de una controversia política y judicial. Tras conocerse denuncias de supuestos «maltratos» durante su detención, el repudio fue inmediato y contundente por parte de figuras clave del kirchnerismo y el peronismo. La crítica se enfocó en denunciar una «persecución judicial y política» con el objetivo explícito de «criminalizar al peronismo».

Entre las voces que manifestaron su solidaridad y su enérgico rechazo a los presuntos maltratos se destacó la del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Junto a él, la organización La Cámpora se sumó al repudio. Ambos sectores, alineados con el kirchnerismo, critican el uso político del sistema judicial, sosteniendo que el proceso contra De Vido es un intento de hostigamiento a dirigentes opositores y una estrategia más amplia para asociar la militancia y la dirigencia peronista con el delito.

Un grupo de senadores del bloque de Unión por la Patria (anteriormente conocido como Frente de Todos) también emitió un comunicado que constituyó el núcleo de la denuncia pública. Los legisladores no solo repudiaron los supuestos maltratos, sino que fueron más allá, calificando la detención del exministro como «arbitraria». Los senadores fueron enfáticos en el tono, sugiriendo un contexto de regresión institucional en el país: «Las vejaciones son moneda corriente cuando los Estados son tomados por regímenes autoritarios», señalaron los representantes del peronismo.

La denuncia central de todo el arco kirchnerista se focaliza en la existencia de una «persecución judicial y política» dirigida a De Vido y extensible a otros dirigentes del espacio. Para los referentes que salieron a defenderlo, los maltratos denunciados son una evidencia más del ensañamiento, el cual no solo busca la encarcelación del exministro, sino también su «vejación» como parte de una estrategia para «disciplinar» a la oposición. Estas declaraciones ponen en tela de juicio la garantía de los derechos humanos y constitucionales en el ámbito penitenciario y judicial en el contexto de la tensión política actual.