La cartera que conduce Vizzotti pide que se investiguen las declaraciones de Bullrich porque puede configurarse un delito, ya que pueden atentar contra la confianza de la población en las vacunas y en la campaña. Y, además, podrían impactar en las negociaciones en curso.

En la entrevista, la ex ministra de Seguridad, hace referencia a que una de las condiciones que habría impuesto el anterior titular de la cartera sanitaria fue la de poner un intermediario nacional, y aseguró: “La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el presidente no lo ignoraba”. Luego añadió que la negociación con Pfizer “es el intento de un negociado que no se cerró. No tengo dudas de que Ginés González García quiso un retorno por esa vacuna.”

La empresa farmacéutica salió rápidamente al cruce de la grave imputación y aseguró en un comunicado que “no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento. Por otro lado, la compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de la vacuna Covid-19”.

En virtud de la gravedad institucional que tiene, no solo para esta cartera, sino para toda la Nación la acusación realizada públicamente, es que se realizan las presentaciones con el fin de avanzar en la investigación de los extremos denunciados.

Resulta importante resaltar que desde la Secretaría de Gestión Administrativa se han llevado a cabo, y continúan llevándose a cabo negociaciones con el laboratorio involucrado, a los fines ampliar la provisión de vacunas contra el virus SARS-COV-2.

Ante la necesidad de disponer de la mayor cantidad de dosis para inmunizar a la mayor cantidad de la población objetivo en el menor tiempo posible, y ante la criticidad de este insumo a nivel mundial, el gobierno argentino, a través del Ministerio de Salud, ha iniciado negociaciones tendientes a la adquisición de vacunas de manera inmediata y sin excluir a ningún eventual productor, incluyendo la estrategia de negociación estado-estado o con productores de la industria farmacéutica. Las acusaciones realizadas respecto de las negociaciones por la adquisición de vacunas contra el virus COVID-19, pueden tener un gran impacto en la confianza de la población respecto de la campaña de vacunación, y allí radica la gravedad institucional que nos convoca. Son diversas las acusaciones que se han realizado, y continúan realizándose, en torno a las vacunas en general, a las vacunas contra el virus COVID-19 en especial y contra el plan estratégico de vacunación en particular y, en suma, estos ataques pueden tener como consecuencia una desconfianza generalizada en el proceso de vacunación. Este posible escenario indeseable, debido a que la vacunación “contribuirá a reducir la incidencia de la enfermedad, las hospitalizaciones y las muertes relacionadas con la COVID-19” (OMS), solo puede contrarrestarse arrojando luz y verdad respecto de tantas acusaciones y es por ello que concurrimos ante V.S. solicitando se realicen las investigaciones correspondientes para llevar información y tranquilidad a la población.

Es fundamental recordar al respecto que, la vacunación contra el virus COVID-19 es voluntaria, motivo por el cual la confianza respecto de las vacunas y el plan de vacunación resultan fundamentales para avanzar en el proceso de inoculación.

Asimismo, es cabal tener en consideración que dicho avance se da en el marco de las negociaciones que actualmente se encuentran vigentes, por lo que, el secretario de Gestión Administrativa del MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN, en observación de las competencias específicas que le caben en las negociaciones de adquisición de vacunas, tanto con PFIZER como con el resto de los laboratorios desarrolladores, mencionó que las declaraciones públicas podrían impactar negativamente sobre las negociaciones en curso.

En efecto, agregó en la actuación que me instruye la presente que: “las consecuencias sobre los procesos de negociación realizados en el contexto de alta demanda y baja oferta de vacunas, con la incertidumbre propia de la Pandemia a nivel global y en el contexto de Emergencia Sanitaria declarada por la Ley 27.541, podría obstaculizar avances. El impacto en el mercado internacional de vacunas COVID-19 de un hecho de tamaña gravedad institucional podría significar la pérdida de oportunidad para celebrar contratos de por sí complejos de alcanzar.”, por lo que, debe atenderse la presente a la luz de la gran crisis institucional que en materia sanitaria podría tener que enfrentar este organismo sanitario al estar frente a dichos semejantes y que los mismos no resultaren verídicos.

Asimismo, el secretario de Gestión Administrativa profundizó sosteniendo que: “Es muy importante destacar que esta SECRETARIA inició gestiones con el laboratorio Pfizer en septiembre del año 2020 y a la fecha nunca fueron suspendidas definitivamente. El MINISTERIO en particular y el Gobierno en general continúa trabajando activamente para encontrar soluciones a las dificultades verificadas en las negociaciones, con el fin de avanzar en un posible acuerdo para ampliar la provisión de vacunas contra el VIRUS COVID-19 bajo condiciones legales, contractuales y comerciales aceptables para ambas partes. Por esta razón, considero oportuno reiterar la gravedad de estas declaraciones públicas en relación a la evolución de las negociaciones en curso. Por ello, para esta cartera ministerial resulta fundamental la protección y veracidad de la información que en materia de vacunación circula por los distintos medios de comunicación y ello es lo que motiva la presente.