El Gobierno está considerando la posibilidad de rechazar algunos recientes acuerdos salariales que han superado el 15% de aumento. Según fuentes oficiales, el ministro de Economía, Luis Caputo, ha instruido que las mejoras acordadas deben ajustarse a la inflación estimada para febrero, que se sitúa en torno al 15%. Cualquier discrepancia deberá ser abordada como cláusula de revisión en futuras negociaciones.

Esta medida, en consonancia con los principios de la ortodoxia económica, busca evitar que los aumentos salariales por encima de este porcentaje contribuyan a un aumento del costo de vida justo en un momento en que se espera que los índices inflacionarios comiencen a disminuir. A pesar de la identificación del gobierno con el liberalismo, es común que todos los gobiernos establezcan, de manera pública o reservada, algún tipo de límite para los aumentos salariales.

Uno de los acuerdos que está siendo evaluado por el Gobierno y que podría no ser homologado por la Secretaría de Trabajo es el firmado por la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, liderada por Hugo Moyano. Este acuerdo, alcanzado la semana pasada con las cámaras empresariales del sector, prevé un incremento salarial del 45% en dos tramos: 25% en marzo y 25% en abril. Este aumento se suma a la mejora acordada en enero pasado, que fue del 12,5% para enero y 21% para febrero.

La paritaria de Camioneros podría convertirse en un tema delicado para el gobierno de Javier Milei: Hugo Moyano ha sido informado de que se le insta a renegociar su acuerdo salarial para ocultar el porcentaje final, pero se dice que el sindicalista se niega a hacerlo para no perder el apoyo de las bases.

Una opción, que también podría interpretarse como un acto de hostilidad hacia el sindicato de Moyano, es que el secretario de Trabajo, Omar Yasín, considere válidos los argumentos presentados por cuatro cámaras del transporte automotor de cargas, pertenecientes al interior y que representan a las pymes. Estas cámaras impugnaron el acuerdo salarial argumentando que incluía mejoras para Camioneros que no habían sido acordadas por todos los miembros de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), una de las principales signatarias de la paritaria de la actividad.

En la Secretaría de Trabajo están adoptando una postura cautelosa respecto al tema: «Estamos revisando el acuerdo del Sindicato de Camioneros y estamos abordando varias impugnaciones presentadas por las cámaras contra los firmantes«, fue la breve respuesta de un portavoz oficial.

Milei comenzó su gestión con una política salarial que promovía acuerdos bimestrales o trimestrales, proyectando una inflación del 20% e incluso sumando cláusulas de ajuste automático en caso de desviaciones inflacionarias. El Ministerio de Economía aceptaba estas cláusulas en los convenios para evitar una reducción del poder adquisitivo de los salarios.

Ahora, según informan, el ministro Caputo busca evitar que se desencadenen desequilibrios económicos en un contexto de baja inflación, aunque existe preocupación por la posibilidad de que cualquier descenso en febrero sea compensado por un aumento en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en marzo. Esto podría ocurrir como consecuencia de los aumentos previstos en tarifas de servicios públicos, transporte, educación y servicios de salud prepagos.

El reciente aumento salarial para Camioneros se ha complicado aún más debido a una disputa interna en la FADEEAC: cuatro cámaras del interior del país (Córdoba, Santiago del Estero, Mendoza y San Juan) han impugnado el convenio ante el Ministerio de Trabajo, alegando que se incorporaron elementos «sin consultar«, como el pago de adicionales y un aporte extraordinario para la obra social de Camioneros, que afectaría a todas las pequeñas y medianas empresas del país.

Federico Lo Bruno, presidente de la Cámara de Transporte de Santiago del Estero (CATSE), explicó que la mesa paritaria había acordado un aumento del 20% y 25% en marzo y abril, respectivamente, pero que los representantes de FADEEAC que firmaron el acuerdo añadieron cláusulas adicionales que perjudican a las empresas del interior. Estas cláusulas incluyen un «aporte extraordinario» a la obra social de Camioneros de $10,000 por trabajador, que las empresas deben pagar para cubrir el déficit del sindicato.

Ante la negativa de estas cámaras, el sindicato de Moyano lanzó una fuerte ofensiva contra los empresarios que impugnaron el acuerdo. El sindicato se declaró en «estado de alerta y asambleas permanentes» y acusó a los empresarios de intentar boicotear la aprobación del aumento salarial. En las últimas 48 horas, activistas de Camioneros escracharon a Lo Bruno y bloquearon un depósito de su empresa de transporte en Villa Lugano.

Los empresarios «rebeldes» solicitaron una reunión urgente con las autoridades de FADEEAC para discutir el acuerdo «sin consulta«. En la reunión de ayer, se expresó solidaridad hacia los empresarios agredidos por Camioneros y se acordó promover el diálogo interno para resolver las diferencias.

Las miradas están puestaa sobre el gobierno, ¿Se atreverá a no homologar la paritaria camionera y entrar en conflicto con Moyano? Las cámaras del sector fueron convocadas por la Secretaría de Trabajo para este jueves, donde se les comunicaría que se avalará el acuerdo salarial a pesar de superar las pautas inflacionarias, según lo que se ha filtrado en el ámbito empresarial, aunque anteriormente se daba por segura la no homologación.

El eventual veto de algunas paritarias desencadenaría un enfrentamiento directo con los sindicatos, varios de los cuales ya están en pie de guerra contra el Gobierno debido a los recortes en el Estado. Recientemente, el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS), liderado por José Luis Lingeri, convocó a un paro de 24 horas para el próximo lunes 11 en protesta por alrededor de 200 despidos.

«Luego de la asunción de las nuevas autoridades, el sindicato ha presentado un plan integral para reequilibrar la empresa y proteger los puestos de trabajo. Sin embargo, este plan, que aborda diversos aspectos económicos, financieros, operativos y estructurales, aún no ha recibido respuesta por parte del Gobierno«, resaltó Lingeri. Expresó su queja por lo que percibe como un intento de «asfixiar» a la empresa estatal y señaló que Milei parece estar «deseando destruir la columna vertebral que históricamente ha sido el movimiento obrero, yendo tras los sindicatos y las obras sociales mediante medidas de ajuste«. Además, advirtió: «Es muy complicado operar cuando el Presidente sugiere que responderá a los conflictos con más conflicto; esto indica una falta total de voluntad para entablar un diálogo«.