Así lo aseguró Daniel Catalano, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en CABA. “Hay una intención muy grande de que desaparezcan los convenios colectivos y las indemnizaciones”, alertó
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó hoy la convocatoria del paro nacional de este martes en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.
La medida de fuerza, que se desarrollará con una movilización en el Congreso, busca frenar cambios que la conducción sindical considera un “combo explosivo” para los derechos laborales. “Vamos a estar en la calle resistiendo”, expresó Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, en una entrevista con radio Splendid.
La dirigencia de ATE alertó sobre el impacto del proyecto, tanto en la estabilidad del empleo público como en la protección de los convenios colectivos. “Es muy poco lo que se sabe”, dijo Catalano en referencia a la falta de precisiones sobre el texto definitivo que debatirán los legisladores.
De acuerdo a su evaluación, el borrador establecido por el Poder Ejecutivo implicaría “una intención muy grande de que desaparezca la organización sindical, los convenios colectivos y los acuerdos de estabilidad laboral, y que no haya más indemnizaciones”.
Planteó que, aunque en otras circunstancias se podría debatir sobre una eventual “modernización laboral” pensando en ampliar derechos, hoy el escenario es distinto.
El secretario general de ATE Capital agregó que existe el temor de que en algunos sectores se obligue a los trabajadores a “renunciar para volver a contratarte”, evidenciando un escenario de precarización.
Catalano mencionó que “ayer salió un comunicado oficial” confirmando que el Gobierno convocó a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre. Según el dirigente, el plan oficial abarca no solo la reforma laboral, sino también una reforma penal.
Al respecto, manifestó preocupación sobre versiones que indican que “podrían ahora procesar a los médicos que lleven adelante un aborto”.
Consultado sobre las negociaciones entre sindicatos, Catalano sostuvo que el sindicalismo de Hugo Yasky y Hugo Godoy “ya hablaron con el triunvirato para que podamos llevar adelante medidas en conjunto”. No obstante, aclaró que, “independientemente de que se puedan o no con la CGT, ya las CTA plantearon que el día del tratamiento va a haber una par de movilizaciones, así que vamos a estar ese día en la calle junto a los compañeros resistiendo”.
El paro de ATE responde a tres ejes principales: el rechazo a la reforma laboral presentada por el oficialismo, la exigencia de reapertura de paritarias con una recomposición salarial urgente en el sector público y la oposición al plan del Poder Ejecutivo para recortar un 10% del personal en organismos del Estado.
Por su parte, el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, profundizó las críticas al proyecto en sus redes sociales y señaló en un mensaje en X: “La única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo”.
Según Aguiar, los cambios propuestos por La Libertad Avanza (LLA) en la Ley de Contrato de Trabajo no pretenden “mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía”, sino que buscan “quitar derechos”.
Asimismo, sostuvo: “Quienes desempeñamos tareas en la Administración Pública nos negamos a ser expulsados por debajo de la línea de pobreza”.
En el marco de la convocatoria oficial, el gremio denunció que la reforma avanzaría “en un contexto de fuerte recesión, con trabajadoras y trabajadores precarizados, marcado desempleo, subempleo y multi empleo para cubrir las necesidades básicas”.
El comunicado advirtió que las propuestas del Ejecutivo favorecerían a “grandes empresas y multinacionales”, al “permitir despedir sin indemnización, ampliar la jornada laboral y limitar la negociación colectiva”.
En el pliego de reivindicaciones, ATE planteó, además, un aumento de emergencia para estatales y jubilados, el pase a planta permanente de los empleados precarizados, la reincorporación de los despedidos y la restitución de fondos adeudados a las provincias.
También rechazó las privatizaciones de empresas públicas, la venta de inmuebles del Estado y la armonización de las cajas previsionales provinciales, exigiendo la restitución del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES.
El documento fue firmado por Aguiar y otros directivos nacionales, como Eduardo Gustavo Cuentres, Mirta Inés Matheos y Mercedes Cabezas.
Entre los organismos que podrían verse afectados por la reducción de trabajadores, ATE incluyó la Oficina Anticorrupción, INDEC, CONICET, CONEAU, ARCA, Archivo General de la Nación, ANSES, CONADIS, ENARGAS, ENRE, INTA, INTI y ENACOM.
Recordemos que el mes pasado, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación denunciaron penalmente a Aguiar por presuntas amenazas de atentar contra el orden constitucional y la vida democrática, tras declaraciones vinculadas a la resistencia sindical al plan oficial.
El 28 de noviembre, autoridades nacionales mantuvieron una reunión virtual con representantes de los gremios estatales, pero el encuentro finalizó sin propuestas concretas de mejora salarial.
Finalmente, Aguiar subrayó que “experiencias similares aplicadas durante la crisis global de 2009-2010 fracasaron en todos los países donde se implementaron” y recordó que el mayor crecimiento del empleo registrado en Argentina ocurrió entre 2002 y 2011/12, en épocas de doble indemnización obligatorio.
La postura de la CGT, en tanto, fue de rechazo a diferentes aspectos filtrados del borrador impulsado por La Casa Rosada, que cuenta con respaldo del sector empresarial y prevé modificar las condiciones de trabajo en el régimen indemnizatorio, vacaciones y sistema de banco de horas para la extensión de jornada.
