La semana pasada, la agrupación H.I.J.O.S. -que nuclea a hijas e hijos y familiares de víctimas del terrorismo de Estado en la dictadura- denunció un caso abuso sexual y amenazas contra una de sus militantes, cometido presuntamente por dos hombres en su propia casa. El hecho ocurrió el 5 de marzo en la ciudad de Buenos Aires pero se conoció el último jueves través de un comunicado oficial.

Por el hecho, la agrupación responsabilizó a seguidores del Gobierno, ya que los autores materiales pintaron en una pared de una de las habitaciones de la víctima la sigla VLLC -Viva La Libertad Carajo-, que identifica al presidente de la Nación, Javier Milei, y a su partido político La Libertad Avanza.

En su relato, aseguró: “Me tomaron del cuello. Me estuvieron torturando entre 15 y 20 minutos, me ataron y me apuntaron con un arma y me dijeron que me iban a matar. Hay una sensación de shock en ese momento que sigue. Me dijeron que no hablara nunca más”.

También, describió el texto completo de la pintada. Según la víctima, escribieron “VLLC ñoqui”.

Fuentes en la Justicia confirmaron a este medio que una imagen de la pintada existe en el expediente. La sigla fue escrita con marcador, en un tamaño pequeño.

Comodoro Py (Adrián Escandar)

Hoy, el caso regresó al fuero de instrucción, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, un dato que adelantó la Red Nacional de H.I.J.O.S en un comunicado. “Esto implica que se siga demorando el inicio de la investigación”, criticó la agrupación en el texto. “Tardó 15 días en llegar de la fiscalía original a Comodoro Py”, afirmó, incómodo, una fuente clave en el expediente.

Sin embargo, una fuente asegura que “la fiscalía el 6 de marzo tomó conocimiento del hecho y el día siguiente la causa estaba ya en el juzgado, luego de que se dispusieron las medidas urgentes”

El caso originalmente fue regresado por Ercolini y Rívolo, luego de que determinaran que no había elemento alguno para que sea investigado por el fuero federal. Había sido tratado por la Fiscalía de Núñez-Saavedra -a cargo del fiscal José Campagnoli, que en el momento del caso se encontraba de licencia-, en un turno bajo la firma del magistrado Martín Yadarola.

La declaración de incompetencia original, aseguran fuentes del caso, ocurrió por pedido de la fiscalía de Núñez-Saavedra. La fiscalía “tuvo la investigación desde el inicio por tratarse de una denuncia sin autores identificados. Pidieron la incompetencia en base a los propios dichos de la denunciante que atribuyó a su trabajo el hecho a su trabajo el Congreso y a su condición de hija de desaparecidos”, continúa otra fuente.

Rívolo y Ercolini razonaron lo contrario. En el medio, requirieron el análisis de cámaras de seguridad -que se encuentra en curso-, trazar un identikit de los agresores, pidieron la historia clínica de la víctima en el hospital Pirovano -a donde fue trasladada tras el ataque, en estado de shock- y se logró contactar a testigos.

Estos testigos, afirman investigadores, aportaron “datos de los agresores” que, por lo pronto, apoyan el testimonio de la víctima. Uno de ellos aseguró haber oído a la víctima gritando por auxilio.

Bölke es asistida por la Defensoría General de la Nación y la DOVIC, el área de la Procuración dedicada a la asistencia de víctimas. Al cierre de esta nota, el juez Yadarola no había recibido la nueva declaración de incompetencia.

Fuente: Infobae.