El inicio del año legislativo de 2026 quedó marcado por el rechazo opositor al Decreto de Necesidad y Urgencia de Javier Milei que reformuló la ley de Inteligencia y por el reclamo para habilitar el funcionamiento del Congreso antes de marzo. En contraste, el oficialismo de La Libertad Avanza definió retomar la actividad recién en febrero y solo tras una convocatoria a sesiones extraordinarias con una agenda acotada.

En la Cámara de Diputados, el peronismo exigió la convocatoria inmediata a extraordinarias para dar de baja el DNU que amplió las facultades de la SIDE y redujo los controles parlamentarios. También reclamó la conformación de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y de la Comisión de Seguimiento de las Actividades de Inteligencia. A ese pedido se sumó Provincias Unidas, que solicitó gestiones conjuntas de la vicepresidenta Victoria Villarruel y del titular de Diputados, Martín Menem.

Desde el oficialismo rechazaron esa posibilidad. Fuentes parlamentarias de LLA afirmaron que la oposición “no puede pedir sesión hasta que no se dé la apertura de sesiones ordinarias en marzo”. En la misma línea, una voz del bloque libertario en el Senado recordó la discusión previa por la integración de comisiones y sostuvo que la sesión preparatoria correspondió al 23 de febrero.

El DNU ingresó formalmente al circuito legislativo tras su publicación. La Bicameral de Trámite Legislativo contó con diez días para emitir dictamen. Desde ese momento, cualquiera de las dos cámaras quedó habilitada para tratarlo. En la oposición reconocieron conversaciones reservadas para intentar su rechazo. “Si lo trabajamos bien, podemos. Es con mayoría simple, no con dos tercios”, señaló un diputado que cuestionó la reforma a la ley de Inteligencia.

Mientras tanto, el Congreso permaneció en receso durante enero. En La Libertad Avanza fijaron el 2 de febrero como fecha tentativa para el inicio de las sesiones extraordinarias. En el Senado continuó pendiente el debate de la reforma laboral, que el propio oficialismo decidió postergar ante la falta de apoyos suficientes. Distinto fue el panorama del proyecto que modificó la ley de Glaciares, que ya contó con dictamen. “Está más avanzado, es mucho menos conflictivo”, indicaron desde el oficialismo, que apostó al respaldo de legisladores de provincias mineras.

En Diputados aguardaron el envío de esos proyectos desde el Senado y no descartaron el ingreso de una iniciativa para reformar el Código Penal por esa vía. Sin embargo, el conflicto central giró alrededor del DNU de Inteligencia, que concentró las críticas políticas y los reclamos institucionales.

El impacto público de ese decreto quedó opacado por la crisis internacional tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro. En ese contexto, el bloque de diputados de LLA presentó un proyecto de declaración de apoyo al accionar estadounidense. En sentido opuesto, los bloques peronistas de ambas cámaras difundieron un comunicado conjunto en rechazo a esa intervención. “Reafirmamos de manera indeclinable que la Argentina debe sostener una política exterior basada en la defensa de la paz, el multilateralismo, el principio de no intervención, el rechazo al uso de la fuerza y la protección irrestricta de la soberanía y la integridad territorial de los Estados de la región”, expresaron.