El Concejo Deliberante de San Isidro tuvo una extensa jornada. Hasta cerca de las 20 horas se debatió y aprobó el Presupuesto 2015 y la Ordenanza Fiscal e Impositiva. La nómina de votaciones no se alteró en todos los proyectos tratados durante el día, y el oficialismo logró las aprobaciones con la ayuda de aliados. Así, la bancada de Posse se impuso por 14 votos a favor (possismo, GEN, UCR, y Partido Socialista) contra 10 en disidencia (PJ-FPV, Libres del Sur, Convocacion, Union x SI y FR).

Comenzada la noche empezó a debatirse la prórroga del contrato a Chediak SA-SISTE para administrar el estacionamiento medido en la comuna. El oficialista Pablo Fontanet explicó que “ya tiene fecha cierta el fin de la concesión y los parquímetros en las áreas centrales. Será el 30 de junio de 2016. Esto tiene que ver con un pedido que había hecho la empresa de prorrogar por 9 años y nosotros planteamos que debía ser menor. Esto se hace con el objeto de empezar a trabajar y estudiar distintas alternativas de estacionamiento medido en las áreas centrales, y llegar al 30 de junio con un servicio municipalizado o bien realizar una nueva licitación pública”.

“La idea es avanzar con un sistema inteligente que tienda a diferenciar las áreas centrales de las periferias”, agregó Fontanet.

Leandro Martin, de la bancada kirchnerista, reclamó que “se otorgó una polémica prórroga a la empresa SISTE. Este sistema vetusto y tramposo no está a la altura ni del servicio ni de la tecnología que los vecinos merecen. Presentamos una propuesta alternativa, donde planteamos en forma inmediata la prestación del servicio y sistema de parquímetros, con control de estacionamiento y acarreo, se realice a través de la administración directa de la Municipalidad de San Isidro”.

Marcela Durrieu del Frente Renovador dijo que "la discusión es si debe seguir o no la concesión del Estado. Hay unanimidad, a cualquiera que uno le pregunte y que conozca alguno de los nuevos sistemas va a decir que SISTE es un desastre, y lo es. La discusión queda en la amenaza de siempre: que alguien le va a hacer un juicio a la Municipalidad. Si uno mira la información de la propia empresa de 2013, uno empieza a sospechar que ninguna empresa va a trabajar a pérdida durante 22 años como dicen. Si uno hace la cuenta de la cantidad de parquímetros que ellos mismos denunciaron, la tarifa por hora, la tarifa del cepo, la de la playa, y después suma la cantidad de horas de lunes a viernes, la cantidad de hora de los sábados, y divide la cantidad de horas por la plata, es una cuenta muy sencilla que da que el porcentaje de ocupación de los parquímetros según el propio SISTE es del 53%. Nunca ningún sanisidrense podrá decir que el porcentaje de ocupación es del 50%, porque jamás hay un parquímetro vacío”.

Acto seguido se debatió otro tema polémico, la compra del predio del Barrio Uspallata para realizar emprendimientos inmobiliarios y la entrega de subsidios a 62 familias para que puedan instalarse en otro lugar

El radical Jorge Álvarez expresó que “hay que aclarar que existió un proyecto inicial en el que se planteó regularizar una situación que es irregular donde hay tierras privadas y espacio público. Hay privados que fueron a la justicia, ganaron y van a echar a gente a la calle, entonces lo mejor que puede hacer el Estado es colaborar para que la gente no quede en la calle”.

Leandro Martin respondió que “en el reino del revés, el Municipio abandona su rol de garante de la buena calidad de vida y el ascenso social de los vecinos, para convertirse en un mero operador inmobiliario”.

También desde el FPV, Fabián Brest opinó con dureza que "ustedes defienden los negocios inmobiliarios y nosotros defendemos la dignidad y justicia social para los vecinos. Dicen que le están dando una solución definitiva y digna a los vecinos, darle un subsidio para que se vayan de San Isidro. Posse no tiene vergüenza. Perderemos la votación pero seguiremos luchando por los vecinos”.

Pablo Fontanet defendió que “este es un barrio de hace muchos años donde los vecinos viven en una situación precaria ya que no tiene títulos dominiales, por lo que están en condición de ocupantes o en forma irregular. En el año ‘97 hubo una ley de expropiación que los dueños de la tierra plantearon la inconstitucionalidad, que fue aceptada por la Suprema Corte de Justicia bonaerense, con lo cual pasó por distintas instancias judiciales y se le dio la razón a los dueños. A partir de allí los vecinos mantuvieron la situación de irregularidad”.