A menos que el Gobierno logre sellar un acuerdo de último momento —algo que por ahora luce improbable—, la administración de Javier Milei enfrentará este jueves su tercer paro general. No obstante, el alcance de la medida podría ser más moderado de lo que se anticipaba en un principio.

En los últimos tiempos, la conducción de la CGT, liderada por Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (Estaciones de servicio) y Octavio Argüello (Camioneros), ha endurecido su postura frente al Gobierno nacional, con el que previamente mantenía una relación más dialoguista.

En ese marco, la central sindical lanzó de forma sorpresiva una medida de fuerza que, en realidad, se extenderá por 36 horas: arrancará el 9 de abril al mediodía, con una movilización «por los jubilados» frente al Congreso, y se prolongará durante todo el día 10.

Tras la convocatoria, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, intentó tender puentes con referentes gremiales a través de contactos informales, pero no sólo no consiguió avances, sino que luego descartó cualquier intento de encuentro formal, convencido de que «no habría forma de que se cancele o siquiera postergue el cese de actividades». Desde la CGT, además, negaron cualquier tipo de diálogo con el Ejecutivo, asegurando que «no hubo contactos con las autoridades nacionales».

Quien sí mantuvo una reunión con representantes sindicales fue el secretario de Trabajo, Julio Cordero, que logró atenuar el posible impacto del paro mediante una medida que obligaría a las líneas de colectivos a prestar servicio durante la jornada de protesta.

El 26 de marzo, Cordero se reunió con delegados de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y con las cámaras empresarias del sector en el marco de un reclamo salarial. Como no se llegó a un acuerdo, el sindicato anunció un paro para el viernes siguiente. Sin embargo, el Gobierno dictó la conciliación obligatoria y la medida finalmente no se concretó.

Las autoridades esperaron hasta último momento para tomar esa decisión, alegando que era la Secretaría de Transporte, bajo la conducción de Franco Mogetta, la que debía solicitarla, a pesar de que legalmente no era un paso necesario.

Finalmente, el jueves 27 de marzo por la tarde, apenas unas horas antes del paro de la UTA, Cordero firmó la conciliación obligatoria “por un plazo de 15 días”, en los cuales el gremio no puede convocar a medidas de fuerza.

«Esto tiene como objetivo garantizar la prestación del servicio público de transporte y preservar el diálogo entre las partes. De esta manera, se insta a los representantes gremiales y empresariales a retomar las negociaciones en un marco de legalidad y respeto», señaló el Ministerio de Capital Humano en un comunicado oficial.

De esta manera, la tregua en el conflicto seguirá vigente durante el 9 y 10 de abril, fechas en las que la CGT llevará adelante su movilización al Congreso y el posterior paro general, con la posibilidad concreta de que haya circulación de colectivos.

Según una fuente cercana a las negociaciones sindicales, la UTA “podría adherirse de todas formas, ya que se trata de un paro general”, aunque en la Casa Rosada creen que eso es poco probable, ya que “por la debilidad que tiene, es muy probable que no lo hagan”.

De todos modos, en el Gobierno no descartaban seguir explorando canales de negociación durante esta semana, con la intención de encauzar el diálogo con la central sindical, que hasta ahora mantiene una postura firme y confrontativa.

«Nunca se sabe lo que puede llegar a pasar, pero lo cierto es que no hay un reclamo puntual, convocaron al paro por la presión de algunos sectores, por eso es difícil negociar con alguien que no pide nada puntual», resumió un funcionario del entorno de Francos.