“Estamos representando a personas que resultaron heridas y afectadas por el accidente ferroviario en Once. Es positivo que ya hayan convocado a las indagatorias, donde van a estar dirigentes de la empresa TBA, funcionarios y ex funcionarios públicos, como Jaime, Schiavi, Luna, y el motorman. Todo esto ya es de por sí positivo”, comenzó diciendo Andrés Bonicalzi, periodista y abogado de San Martín que representa a 12 victimas de la tragedia de Once, que dejó 51 muertos.

“El juez Bonadío considera que se han reunido elementos probatorios suficientes para poder llegar a endilgar responsabilidades penales”, especificó Bonicalzi.

El abogado informó los detalles de la causa que lleva adelante. “Nosotros participamos de la causa que lleva Bonadío y presentamos una causa por incumplimiento de deberes de funcionario público contra el juez Daniel Rafecas. Desde la vía civil se busca una indemnización por los daños y perjuicios sufridos por las victimas. En la vía penal, lo más importante de los últimos días es lo que pasó con las pericias. Arrojaron algunas consideraciones contradictorias y las vamos a impugnar. Se dice que uno de los frenos no funcionaba, pero otros tres sí, y con eso debió haber frenado correctamente, por ende el que no funcionaba no fue la causal directa del accidente. Otro punto de pericia arroja que hay irregularidades crónicas, en relación al mantenimiento de trenes y vías. Consideramos que estos resultados se deben interpretar de forma conjunta. ¿El motorman pudo frenar de manera prudente teniendo en consideración el resto de las falencias? Si sacas un auto de la concesionaria y no le funcionan los limpiaparabrisas, desempañadotes, los espejos, las luces, no funciona nada pero los frenos sí; y a la larga vas a terminar chocando. ¿En qué condiciones se puede frenar diligentemente? En los trenes de TBA no funcionan los velocímetros, por ejemplo”, dijo el también periodista sanmaritnense.

“Llama la atención que esta tragedia aún no haya marcado un antes y un después. No se brindan los servicios básicos. En esto tiene responsabilidad TBA pero también los funcionarios públicos. Cuando se otorga una concesión el estado se reserva el derecho y la potestad de contralor. Tiene la obligación de hacer controles periódicos para asegurarse que la empresa preste un servicio diligente y prudente. Si esto no pasa, el estado debe imponer medidas coercitivas. Todo esto existió. Hay más de 700 multas a TBA. Pero siguen habiendo muchísimas falencias. El estado debió quitar la concesión”, finalizó diciendo Bonicalzi.