La tensión en los hospitales nacionales no cede. Mientras el personal de salud reclama una recomposición urgente, el gobierno de Javier Milei responde con telegramas intimidatorios, recortes presupuestarios y discursos que criminalizan la protesta. La situación ya estalló en dos de los principales centros médicos del país: el Hospital Garrahan y el Posadas.

Ambos establecimientos son epicentro de un conflicto que no sólo visibiliza la crisis del sector sanitario, sino también la lógica del gobierno libertario frente a la protesta social: amenaza, deslegitimación y disciplinamiento.

Telegramas y amenazas

Durante la última semana, residentes y trabajadores denunciaron haber recibido comunicaciones formales que advierten posibles sanciones —incluidos despidos y pérdida de la condición de formación profesional— si no levantaban las medidas de fuerza. El mensaje fue claro: acatar o quedar afuera.

En paralelo, la administración del Garrahan difundió un comunicado donde afirmó que los servicios “comenzaron a normalizarse” tras el levantamiento del paro por parte de los residentes, y que se habría dispuesto una mejora en las becas. Sin embargo, los trabajadores aseguran que esa mejora no se traduce en el salario real.

«Nos vimos obligados a volver a nuestros puestos por miedo a perderlo todo», expresaron desde el grupo de residentes, que compartió un mensaje público solicitando el acompañamiento de la sociedad: “No nos dejen solos”.

El contexto no es menor: el Gobierno nacional recortó recursos, no ofreció una recomposición salarial real y desoye los reclamos que vienen creciendo desde hace meses. En lugar de convocar a una mesa de diálogo, los hospitales nacionales fueron sometidos a una lógica de apriete y desgaste.

Este jueves, gran parte del personal del Garrahan volvió a manifestarse en las calles para denunciar lo que consideran un “desguace planificado” del sistema público de salud. “Lo que intentan es instalar una política de miedo. No hay otra forma de entender lo que están haciendo con quienes garantizamos la salud pública todos los días”, señalaron desde la asamblea del hospital.

La misma receta se replica en el Hospital Posadas, donde los recortes presupuestarios y el vaciamiento progresivo encendieron las alarmas. En ambos casos, el gobierno apunta a desactivar la organización interna bajo el argumento de que los conflictos son “políticos” y “ajenos a las instituciones”. Una manera de deslegitimar la protesta y desviar el foco del reclamo salarial.

Mientras tanto, crecen las muestras de solidaridad con los trabajadores, que insisten en que su lucha no es sólo por un aumento, sino por el sostenimiento de un sistema de salud que hoy se encuentra bajo ataque.