Hay debates donde no hay margen para la corrección política: acá no falta información, sobra cinismo. La Ordenanza de Limitación de Alturas y Perfiles corta de raíz un modelo de “desarrollo” que durante años funcionó sin reglas claras y con beneficios para pocos. Los datos son públicos: en Tigre Centro, según la zonificación, la altura máxima llega hasta 12 pisos; en Rincón de Milberg, Troncos del Talar y El Talar es de 6; en Benavídez, Ricardo Rojas y General Pacheco es de 8; en Don Torcuato de 5; en Dique Luján de 3; y en La Bota de apenas 2, con prohibición expresa de torres. El Casco de Pacheco queda igual de protegido.

Esto es lo que votamos. Lo demás no es técnica ni propuesta, es relato. El Artículo 12 (que esconden porque les destruye el argumento) fija lo esencial: límites por zona, perfiles edilicios, control de volumetría, condiciones de implantación, resguardo de densidad y obligación de respetar el entorno.

Se suma una exigencia concreta que antes se evitaba: cochera 1 a 1 por unidad funcional. Y hay una regla que no deja lugar a vivezas: si no se cumplen los requisitos, la obra no avanza. Punto. Se terminó el “vemos después”, se terminó el “arreglamos en el camino”. Ahora bien, hay algo que no negamos, porque sería irresponsable hacerlo. Reconocemos una deuda real: la infraestructura no acompañó desde hace décadas el ritmo del crecimiento. Faltan cloacas, falta red de agua en sectores, faltan obras que amplíen la capacidad vial y mejoren la transitabilidad.

Pero justamente por eso, lo que se aprobó no solo es correcto, es imprescindible. Porque seguir permitiendo desarrollos sin ordenar alturas, densidades y perfiles no resolvía nada, solo agravaba el problema. Esta ordenanza no desconoce esa deuda, la enfrenta. Pone un freno a la expansión descontrolada hasta que el crecimiento pueda sostenerse con servicios y planificación.

Es la diferencia entre hacerse cargo o mirar para otro lado y favorecer el negocio de siempre. En ese marco, el Artículo 17 cierra el circuito para que no haya más trampas. Garantiza que lo aprobado se respete en sus términos y bloquea cualquier intento de estirar permisos, reinterpretar alcances o colar ampliaciones por la ventana.

Presentarlo como un problema no es un error técnico, es una estrategia para sostener lo que se terminó. Lo fácil era seguir como estábamos. Lo responsable era poner límites. Las críticas que se escuchan no son técnicas, son funcionales a un sistema que se terminó. Se habla desde la sobreactuación política, pero se evita deliberadamente lo central.

Se omite el Artículo 12, se distorsiona el 17 y se intenta instalar miedo donde hay previsibilidad. Cuando se lee la ordenanza, el relato se cae. Lo que queda en evidencia es quiénes pierden cuando hay reglas claras. Los que hoy cuestionan esta norma son los mismos que durante años no fijaron una sola regla clara. Lo que hoy algunos intentan defender a base de gritos y sobreactuación no es el desarrollo urbano sino un esquema de privilegios que ya no tiene lugar. Esta ordenanza pone orden, protege a los vecinos y fija reglas iguales para todos. Por eso molesta. Porque donde hay reglas claras, se acaba el margen para hacer lo que durante años algunos hicieron. Y frente a esa realidad, no hay relato que pueda taparla.