La actividad del espía de la causa AMIA, Ciro James, dentro de varias dependencias del Ejecutivo porteño, sacude al corazón del gobierno macrista. Tras los allanamientos al Ministerio de Educación, le llegó el turno al de Justicia y Seguridad y su titular, el ex juez Guillermo Montenegro, camina por la cuerda floja mientras la oposición que exige su renuncia.

Por orden del juez federal Norberto Oyarbide, la Justicia allanó este martes las dependencias de Montenegro en el marco de la causa que investiga las pinchaduras de teléfono al referente de familiares de víctimas de la AMIA, Sergio Burstein.

Este dirigente, uno de los principales opositores al frustrado nombramiento de Jorge “Fino” Palacios a la Policía Metropolitana, afirmó que no le consta que Montenegro forme parte de la estructura que lo espió, aunque entiende que desde su ministerio apañaron a James para que establezca las escuchas.

El allanamiento se odenó luego de comprobarse que el espía había realizado más de 80 llamados telefónicos desde la sede del Ministerio ubicada en la avenida Regimiento de Patricios, en el barrio de Barracas. Los destinos de esos llamados eran teléfonos de las oficinas que el “Fino” Palacios tiene en sus empresas de seguridad: la flota de Arpa, organización de seguridad, y Strategic Security Consultancy.

La oposición, por su parte, insiste en el pedido de renuncia de Montenegro, quien el lunes volvió a desligarse de cualquier contacto con James: "Yo nunca vi a James en mi vida y hasta donde a mí me informaron, no trabajaba acá", había declarado pese a las pruebas telefónicas obtenidas gracias a la antena de la empresa Nextel.

También se exige la palabra del jefe de Gobierno, Mauricio Macri, quien mantiene su silencio mientras las redes de influencia de James se tejen sobre distintos estamentos de su gobierno. Por esto último, el frente opositor convocó a una conferencia de prensa para esta tarde en la Legislatura.

Mientras tanto, el legislador porteño kirchnerista, Juan Cabandié, adelantó que presentará ante la Justicia un amparo para impedir la salida a la calle de los agentes de la Policía Metropolitana, la fuerza que Macri quiso con conduzca el “Fino” Palacios y donde iba a ocupar un cargo, de no mediar esta investigación, el propio Ciro James.