La investigación por presunto lavado de dinero que abrió el juzgado federal de Daniel Rafecas sumó un nuevo capítulo con el ingreso de la Policía Federal al barrio Ayres Plaza, en Pilar. Los agentes irrumpieron en dos lotes que figuran a nombre de Real Central SRL, la firma señalada como propietaria de una mansión del mismo distrito que quedó bajo la lupa por sus vínculos con Claudio “Chiqui” Tapia y su tesorero en la AFA, Pablo Toviggino.

Fuentes judiciales informaron que los lotes todavía aparecían como “a construir”, aunque la investigación detectó que en uno de ellos ya existía una casa de grandes dimensiones. El objetivo del operativo apuntó a localizar papeles y elementos que aportaran datos relevantes para la causa.

Los terrenos allanados están inscriptos a nombre de Real Central SRL, administrada por Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte. Ambos quedaron en el centro de la denuncia que presentó la Coalición Cívica. El partido sostuvo que los dos “no tenían la capacidad económica para adquirir esas propiedades” y remarcó sus antecedentes laborales y previsionales. Conte recibió el programa IFE en 2020 y se jubiló en 2021. Pantano registró deudas bancarias y ocupó cargos vinculados al universo del futsal y el fútbol playa bajo la órbita de la AFA. En 2022 asumió la Protesorería de Almirante Brown.

La mansión que originó la causa también terminó asociada a la misma firma. Rafecas reunió información sobre su historial: Carlos Tevez la compró en 2017 y la transfirió en 2023 a Malte SRL, una empresa ligada a la AFA que recibió una contratación directa por el sistema VAR por 500.000 dólares. En mayo de 2024, Real Central SRL tomó posesión del inmueble.

El magistrado solicitó a la Agencia Federal de Ingresos Públicos todos los datos de Malte y de sus autoridades. Entre los nombres que surgieron se destacó el de Mauro Javier Paz, ex director del fútbol femenino de la AFA.

En paralelo, Rafecas dictó medidas de restricción sobre Pantano, Conte y Real Central. Dispuso la prohibición de salida del país, la inhibición general de bienes y el congelamiento de sus cuentas bancarias. También confirmó que la sociedad controlaba al menos 59 vehículos, entre motos y autos antiguos, de colección o de alta gama.

La Coalición Cívica aportó más datos sobre la mansión: una propiedad de más de cien mil metros cuadrados que incluía autos de colección, un haras con caballos árabes y pura sangre, una pista de entrenamiento, un helipuerto y varias instalaciones deportivas. El espacio político denunció que la casa “estaría vaciándose”. Por esa razón, Rafecas ordenó colocar consignas policiales en los tres accesos. Los agentes anotaron cada ingreso y cada salida de bienes. Además, el juez pidió una nueva tasación sobre el inmueble.

En medio de la causa, Tapia volvió a quedar en el centro de la escena, aunque la investigación no avanzó todavía sobre su situación procesal. Rafecas continuó con la recolección de pruebas y con medidas orientadas a establecer quién controló los fondos que permitieron el crecimiento patrimonial de Real Central.