En respuesta al planteo de uno de los procesados en la causa por espionaje ilegal en las cárceles bonaerenses, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi insinuó que el vicepresidente del bloque de diputados bonaerenses de Juntos, Alex Campbell, podría ser llamado a indagatoria.

En la causa que investiga las supuestas maniobras de espionaje ilegal hechas por funcionarios de la exgobernadora María Eugenia Vidal en 2018 en el penal donde hipotéticamente iban a ser confinados los gremialistas Hugo y Pablo Moyano, el juez se refirió al pedido de declaración como “testigo” de uno de los procesados, el expolicía Jorge “El Turco” Sáez, quien había pedido su declaración como “testigo”.

En ese sentido, el juez Martínez de Giorgi sostuvo que el tribunal evalúa “conforme a la prueba incorporada”, convocar al exsubsecretario de Asuntos Municipales bonaerenses y actual legislador bonaerense, Alex Campbell, a una “calidad distinta de la pretendida por la parte”, es decir, ser llamado a indagatoria y no como testigo.

“En relación a lo solicitado por la defensa de Jorge Horacio Sáez, esto es, la citación a prestar declaración testimonial de Natalia Rousillón, Juan José Baric, Leandro Borghetti, Fernando Manzanares y Alex Campbell, si bien el tribunal evalúa su convocatoria podrían ser eventualmente pasibles de ser convocadas en una calidad distinta de la pretendida por la parte”, subrayó Martínez de Giorgi.

Cabe destacar que Alex Campbell es actualmente uno de los armadores territoriales de Cristian Ritondo en la Provincia, ante la deserción de María Eugenia Vidal a la Ciudad de Buenos Aires (CABA). En relación con su desempeño legislativo, es verdaderamente pobre. “No le da bola a las cuestiones del bloque”, dijo un diputado amarillo.

Asimismo, buena parte de los legisladores que integran el bloque de Juntos mantienen un fuerte encono con Campbell, luego de que el ritondista organizara un escrache a sus pares que votaron a favor de la reforma a la ley que limita las reelecciones indefinidas. Incluso, hubo movidas para correrlo de su lugar de vicepresidente de bancada.

En referencia a la causa por supuesto espionaje ilegal en las cárceles bonaerenses, Campbell fue sospechado de recibir información del grupo de espías “Súper Mario Bross” cuando la causa tramitó, en 2020, en el juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo del juez Federico Villena.

En cuanto a los otros mencionados por el policía Sáez en su escrito, Juan José Baric fue subsecretario de Política Penitenciaria del Ministerio de Justicia bonaerense hasta diciembre de 2018 y actualmente es juez federal de La Pampa.

En tanto, Natalia Rousillón fue la directora de la alcaidía de la cárcel de Melchor Romero, en La Plata; Leandro Borghetti era director provincial de Alcaidías del Servicio Penitenciario Bonaerense y Fernando Manzanares era el auditor general del Servicio Penitenciario y hombre cercano al ex ministro de Justicia Gustavo Ferrari.

En detalle, el espionaje ilegal en las cárceles bonaerenses se enmarca en la causa que investigan supuestas maniobras de inteligencia desplegadas durante el Gobierno de Macri sobre dirigentes políticos, sociales, religiosos, periodistas, tanto en cárceles federales como también de la provincia de Buenos Aires.

En el expediente hay pruebas que dan cuenta de que Baric se había ocupado personalmente de impulsar la colocación de cámaras y micrófonos en el penal de Melchor Romero (partido de La Plata) y que para ello había contactado a la directora de la unidad para trasmitirle órdenes “de arriba”.

En agosto de 2018, fecha cercana a las visitas que realizaron miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a jueces con el supuesto objeto de consultarlos y presionarlos para que avanzaran en la detención de los sindicalistas de Camioneros y dirigentes del Club Independiente, Hugo y Pablo Moyano.

Por aquellos días un grupo de agentes de la AFI concurrió hasta la alcaidía 3 de Melchor Romero para instalar cámaras y micrófonos en las celdas de un pabellón, como también en los locutorios y en las duchas.

Parte de esa historia pudo ser reconstruida por la Justicia a partir de las dos declaraciones que brindó en la causa la directora de la Unidad Penitenciaria, Natalia Rousillon, quien contó que en el momento de la instalación pensó que se trataba de operarios de una empresa gestionada por el entonces Gobierno nacional para garantizar la seguridad de presos de alto impacto que podían ser trasladados allí.

Fuente: Diputados Bonaerenses