En redes sociales, el Presidente y el Gobernador bonaerense desmintieron las acusaciones de la oposición y negaron que exista una campaña para liberar presos. Afirmaron que son decisiones de la Justicia en el marco de la pandemia. No fueron las únicas voces de rechazo dentro del oficialismo.
Con cierta demora, el presidente Alberto Fernández se pronunció sobre un tema urgente y que preocupa. Desde que comenzó la cuarentena por el coronavirus, más de 1.700 presos fueron beneficiados con la prisión domiciliaria. Entre ellos, existen muchos privados de la libertad que se encontraban tras las rejas por cometer delitos y crímenes muy violentos. Las polémicas decisiones fueron tomadas por los jueces que instruyeron cada causa tras recibir presentaciones por parte de la defensa de cada particular. Y luego, claro, de una serie de violentos motines que se desarrollaron durante la semana pasada.
Rápida de reflejos la oposición de Juntos por el Cambio lanzó a andar la idea de que el gobierno tenía un plan sistemático para liberar presos y armar milicias. La noticia corrió como reguero de pólvora a base de difamaciones y fake news por redes sociales y mucha opinión en radio y televisión. El silencio del Presidente alimentó los fantasmas. Hasta hoy. ¿O no?
Alberto Fernández se expresó sobre la polémica en twitter. Diferenció la división de poderes y la toma de decisiones sobre el destino judicial de las personas. Negó que exista una planificación del gobierno detrás de estos episodios. Pero brilló por su ausencia una condena brutal y absoluta a la liberación de presos violentos con condena.
Es conocida mi oposición a ejercer la facultad del indulto. Digo esto en momentos en que una campaña mediática se desata acusando al Gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados
— Alberto Fernández (@alferdez) April 29, 2020
Alberto Fernández publicó: “Es conocida mi oposición a ejercer la facultad del indulto. Digo esto en momentos en que una campaña mediática se desata acusando al Gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados”.
“La Argentina, como todo el mundo, enfrenta una pandemia de enormes proporciones. El riesgo de contagio se potencia en los lugares de mucha concentración humana por lo que las cárceles se convierten en un ámbito propicio para la expansión de la enfermedad”.
“Organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han formulado recomendaciones para evitar que el hacinamiento en las cárceles ponga en riesgo la vida de los reclusos”.
“En el mundo, muchos gobiernos han dispuesto libertades tratando de minimizar ese riesgo. Algunos han conmutado penas, otros han indultado condenas y otros han dejado el tema en manos de la Justicia”.
“En Argentina la solución del problema está en manos de los tribunales. Son los jueces naturales quienes, de considerarlo necesario, disponen libertades. Las cámaras de casación han hecho muy oportunas recomendaciones para hacer frente al problema”.
“Formulo estas aclaraciones tan solo ante la malintencionada campaña que se ha desatado en redes y medios de comunicación induciendo a hacer creer a la ciudadanía que el Gobierno prepara una salida masiva de gente detenida en virtud de procesos penales”.
“Lamento la conducta de quienes en circunstancias tan cruciales como los que vivimos, muestran su poco apreciable condición humana intranquilizando a la sociedad en momentos en que precisamente más necesita ser contenida”.
Es absolutamente falso que exista un plan del Gobierno de la provincia de Buenos Aires para “liberar masivamente presos”. Pero además, es totalmente inverosímil porque pura y simplemente el Poder Ejecutivo no encarcela, ni libera ni decide libertades condicionales.
— Axel Kicillof (@Kicillofok) April 29, 2020
En la misma línea, pero más escueto, se expresó el gobernador bonaerense Axel Kicillof: “Es absolutamente falso que exista un plan del Gobierno de la provincia de Buenos Aires para liberar masivamente presos. Pero además, es totalmente inverosímil porque pura y simplemente el Poder Ejecutivo no encarcela, ni libera ni decide libertades condicionales”.
“El Poder Judicial tiene esas atribuciones y respeto plenamente la división de poderes. Desde que asumí no nombré jueces, ni promoví cambios en la Suprema Corte, ni nombré al Procurador. Tanto él como los defensores oficiales y los fiscales continúan desde la gestión anterior”.
“Les pido la máxima responsabilidad con este tema tan delicado. No agreguemos más temores a la población. Al igual que el Gobierno Nacional, nuestro único plan es seguir trabajando para cuidar la salud y la vida de todos y todas”.
En el gobierno bonaerense, el ministro de Seguridad Sergio Berni había sido tajante: “La libertad de cada uno de los presos depende de los jueces. Por suerte para los presos, no depende de mi opinión, porque ya se sabe cuál es: no sale ninguno”.
En una línea similar al gobernador se expresó el ministro de Justicia Julio Alak: «Niego categóricamente que en la Provincia de Buenos Aires exista un plan para liberar detenidos. La Constitución y las leyes solo facultan al Poder Judicial a detener, liberar o conceder prisiones domiciliarias».
En el ámbito nacional, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, había lanzado hace dos días que “las penas o las sanciones son para cumplirlas, porque son el acto de reparación que el delincuente debe cumplir para subsanar el error que cometió, y cuando aparece una situación que viola esto, se rompe el principio de acuerdo de convivencia social que tenemos los argentinos”. Y advirtió que “los jueces que no cumplan con la Ley de la Víctima, y no les den vista y se proceda a la liberación de un delincuente, le iniciamos un juicio político, porque hay un procedimiento para avanzar con las excarcelaciones y los jueces lo tienen que cumplir”.
