La Justicia pone la mira en el «raid» migratorio de Manuel Adorni: entre 15 y 19 vuelos al exterior desde que asumió el cargo. La sospecha de viajes de lujo a destinos como Aruba, sumada a los contratos de su esposa con proveedores estatales, pone en jaque el discurso de austeridad del Gobierno.
Lo que comenzó como una serie de cuestionamientos aislados sobre la ética pública ha escalado hasta convertirse en un frente judicial crítico para el corazón del Gobierno nacional. El fiscal federal Gerardo Pollicita ha puesto bajo un estricto escrutinio el patrimonio y los movimientos migratorios de Manuel Adorni, el Jefe de Gabinete que, hasta hace poco, era el principal abanderado del discurso de la austeridad y el combate contra los privilegios de la «casta».
La investigación, delegada por el juez Ariel Lijo, se centra en una cifra que genera cortocircuito en el relato oficial: entre 15 y 19 tramos internacionales realizados por Adorni desde que asumió funciones en diciembre de 2023. Los registros de Migraciones revelan un intenso flujo de salidas y entradas que la Justicia busca desglosar.
El foco no es solo la cantidad, sino el destino y el financiamiento. Pollicita sospecha que escalas en países de la región como Perú o Ecuador pudieron haber sido simples conexiones hacia destinos más lejanos o costosos, como la isla de Aruba. La fiscalía impulsa medidas de prueba para determinar si estos viajes fueron misiones oficiales o escapadas privadas costeadas, presuntamente, con fondos que no coinciden con los ingresos declarados por el funcionario.
La causa, originada por una denuncia de la diputada (y exaliada) Marcela Pagano, no se detiene en el Jefe de Ministros. La lupa judicial se extendió a su esposa, Bettina Angeletti, y a su consultora de coaching ontológico, +BE.
La Justicia investiga contratos por más de $6 millones firmados por la consultora con empresas que dependen directamente del Estado o son grandes proveedoras de este, como YPF, AySA y el Banco Nación. Para la fiscalía, este entramado comercial podría ser la llave para explicar un «desproporcional incremento patrimonial» que incluye omisiones de activos financieros y depósitos en el exterior.
El expediente también ha llegado al mercado inmobiliario. Se han ordenado tasaciones oficiales sobre dos propiedades de la pareja:
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Una casa en el exclusivo country Indio Cuá Golf Club.
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Un departamento en la calle Miró, en el barrio de Caballito.
El objetivo de los peritos es determinar si los valores asentados en las escrituras coinciden con los precios de mercado o si se trata de una maniobra para ocultar el flujo real de dinero. Este miércoles, la escribana que intervino en las operaciones deberá prestar declaración testimonial.
Frente al avance de las pruebas, Adorni ha decidido abandonar la defensa mediática para refugiarse en una estrategia legal de alto perfil: contrató al estudio de abogados que históricamente representó a la familia Yabrán.
