En un contexto de creciente conflictividad social y una economía en crisis, el Gobierno ha decidido formalizar una tregua estratégica con la Confederación General del Trabajo (CGT), un pacto que llevaba semanas gestándose en secreto. Este acuerdo tiene como objetivo principal contener la amenaza de conflicto social en un momento en que la imagen presidencial muestra signos de desgaste por primera vez de manera significativa. La fotografía de los principales líderes de la CGT sentados en la misma mesa con los miembros del gabinete de Javier Milei en la Casa Rosada selló públicamente una relación que, hasta ese momento, había sido manejada discretamente.

Este vínculo comenzó a construirse mediante un intercambio constante entre el asesor presidencial Santiago Caputo y los sindicalistas Héctor Daer y Gerardo Martínez, quienes desde la CGT se encargaron de entablar un canal de comunicación con el gobierno. Lo que inicialmente fue una relación cautelosa, fue consolidándose a lo largo de los meses, llegando al punto en que, para muchos, Caputo se convirtió en el principal interlocutor del Gobierno con el mundo sindical. En las primeras reuniones formales, los dirigentes sindicales quedaron sorprendidos con la facilidad de diálogo con Caputo. «El pibe te habla en el mismo idioma», comentaron después de una de las charlas con el joven asesor, en comparación con otros miembros del gobierno más distantes, como el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

La CGT, una de las centrales obreras más importantes del país, decidió mantener bajo perfil el avance de este vínculo, optando por una estrategia que consistía en aplaudir públicamente la gestión de otros actores, como Miguel Ángel Pichetto, quien tuvo un rol clave en la modificación de la Ley de Bases. Esta ley, que originalmente incluía 58 artículos, muchos de ellos inspirados en el polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 redactado por Sturzenegger, fue recortada a solo 16 artículos gracias a la intervención de la CGT y el silencio estratégico del gobierno, aconsejado por Caputo. Este recorte fue una victoria significativa para los gremios, ya que se eliminaron las cláusulas más perjudiciales para los trabajadores.

La reglamentación de la Ley de Bases marcó el punto de inflexión en las negociaciones. Desde el sindicalismo, la ley se consideraba un tema crucial, especialmente en lo que respecta a la reforma laboral. Héctor Daer, uno de los máximos referentes de la CGT, aseguró que «la reforma laboral ya está hecha», subrayando que el próximo paso será «darle un marco de precisión que le quite la discrecionalidad a los empresarios». En este sentido, se acordó la creación de una comisión técnica tripartita que incluirá representantes del gobierno, empresarios y sindicatos para definir con mayor claridad qué constituye un bloqueo a una empresa, uno de los puntos más sensibles para las partes involucradas.

El influyente Santiago Caputo jugó un rol clave en estas negociaciones, tanto en la Casa Rosada como en el Congreso. Su intervención fue decisiva para frenar la iniciativa de algunos sectores del oficialismo que pretendían limitar la reelección indefinida de los dirigentes sindicales y recortar sus cajas. Esta jugada fortaleció aún más su vínculo con la cúpula de la CGT, a pesar de la oposición interna dentro del gobierno, especialmente del bloque duro encabezado por Sturzenegger, que buscaba avanzar con una reforma laboral más agresiva.

La tregua entre la CGT y el gobierno no es vista solo como un movimiento político para evitar conflictos a corto plazo, sino también como una estrategia de supervivencia para la cúpula moderada del sindicalismo, que se enfrenta a presiones internas de sectores más radicales. En particular, Pablo Moyano, líder de los camioneros, y los gremios alineados con el kirchnerismo, vienen exigiendo una postura más confrontativa frente a la administración de Javier Milei. Moyano, quien no asistió a la reunión en la Casa Rosada, representa a un sector que presiona por la realización de medidas de fuerza más contundentes, incluida la convocatoria de un paro nacional.

Por otro lado, Andrés Rodríguez, secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), defendió públicamente las reuniones entre la CGT y el gobierno, argumentando que «la estrategia sindical debe enfocarse en el Congreso», refiriéndose a la necesidad de contrarrestar las reformas laborales desde la negociación legislativa. Rodríguez también destacó que la CGT ha obtenido victorias importantes, como la anulación del DNU que intentaba imponer una reforma laboral aún más dura. “Hemos enfrentado esta política económica desde el principio”, afirmó Rodríguez, quien también señaló que su gremio ha sido uno de los más activos en oponerse a los despidos y el deterioro de las condiciones laborales.

Rodríguez, en una entrevista reciente, también subrayó que el sindicalismo debe concentrar sus esfuerzos en dialogar con diputados y senadores, quienes tienen la última palabra en las reformas laborales que afectan a los trabajadores. «Hasta Máximo Kirchner dijo que no hay que patalear tanto», recordó Rodríguez, marcando así una diferencia con los sectores más duros del sindicalismo, quienes piden una confrontación más directa con el gobierno. No obstante, Rodríguez no descartó la posibilidad de que la CGT se sume a futuras medidas de fuerza, afirmando que el consejo directivo evaluará la situación en caso de que se plantee la necesidad de una huelga general. «Si nos plantean que nos debamos sumar a nivel general, lo analizaremos», concluyó, dejando abierta la puerta a una potencial acción sindical conjunta en el futuro.

Mientras tanto, la apuesta del gobierno por esta tregua tiene como objetivo principal desactivar la posibilidad de conflictos sociales en un escenario económico delicado. El paro del transporte, que ha sido puesto en pausa momentáneamente, será un termómetro para medir la solidez del acuerdo. La próxima prueba de fuego será si la CGT logra contener las presiones internas y mantener la paz social, al menos en el corto plazo. Para el gobierno, garantizar la estabilidad en las calles es una prioridad en un momento en que las tensiones económicas y sociales podrían desencadenar nuevos focos de conflicto.

Este acuerdo también representa una oportunidad para la CGT de consolidarse como un actor clave en la negociación de las reformas que se están debatiendo en el Congreso. La relación fluida con el gobierno y la capacidad de influir en las decisiones legislativas son factores que podrían jugar a su favor en un contexto donde otros gremios, como los del transporte, mantienen una postura más combativa.