La tensión entre el Gobierno de Javier Milei y la prensa acreditada en Casa Rosada sumó un nuevo capítulo. Un grupo de periodistas llevó su reclamo a la Iglesia y obtuvo como respuesta un compromiso de análisis interno, en medio de un escenario marcado por la suspensión de acreditaciones y mayores controles para el ejercicio profesional.
El encuentro se realizó con el arzobispo Jorge Lozano, titular de la Comisión de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Argentina, tras la última asamblea plenaria del organismo. La reunión se desarrolló sin exposición pública y con un tono moderado. Desde la delegación de cronistas resumieron el intercambio con una frase: “Fuimos atentamente escuchados”.
El planteo apuntó a un cambio sostenido en las condiciones de trabajo dentro de la Casa de Gobierno. Los periodistas señalaron recortes en las acreditaciones permanentes, restricciones en la circulación y menor contacto con funcionarios, lo que configuró un esquema más cerrado en comparación con etapas anteriores. La suspensión por tiempo indeterminado de los permisos de ingreso profundizó ese cuadro.
La medida oficial surgió tras una denuncia de Casa Militar contra dos periodistas del canal TN. El Gobierno sostuvo que existió “espionaje ilegal” y que se puso en riesgo la “seguridad nacional”. A partir de ese episodio, la administración libertaria endureció el acceso de la prensa a Balcarce 50.
En paralelo, el propio Presidente reforzó su confrontación con el sector en redes sociales. Apuntó contra medios y comunicadores, en especial contra TN, y difundió mensajes críticos tras la difusión del informe que originó la denuncia.
El conflicto ya trascendió el plano local. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió que la decisión oficial “podría afectar la cobertura del Poder Ejecutivo y el derecho de acceso a la información”, lo que agregó presión internacional al caso.
En el plano político, distintos bloques opositores presentaron reclamos formales para que se revierta la suspensión. También hubo presencia de legisladores en Casa Rosada en señal de respaldo a los trabajadores de prensa. Los cronistas remarcaron que la sala asignada no solo cumple una función operativa, sino que resulta clave para garantizar la difusión de la actividad gubernamental.
Por ahora no hubo definiciones oficiales sobre una eventual marcha atrás, aunque trascendieron versiones que indicaron una posible revisión de la medida en los próximos días. En ese contexto, la búsqueda de interlocutores externos como la Iglesia reflejó el cierre de los canales directos con el Gobierno.
El escenario quedó abierto. La disputa se desplazó a nuevos ámbitos y sumó actores con peso institucional, mientras la relación entre la administración libertaria y la prensa acreditada atravesó uno de sus momentos más tensos.
