Una medida presentada por Lucas Goldaracena y Noelia Barrientos, abogados graduados de la Universidad Nacional de José C. Paz, se convirtió en la primera resolución judicial favorable de un trabajador despedido del Estado Nacional en el gobierno de Javier Milei.

El 3 de julio de 2024 la Justicia Nacional del Trabajo N°18 ordenó la reincorporación de un delegado del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena (INAFCI), un organismo dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, despedido en marzo de este año, que fue cerrado por el actual gobierno.

 

El trabajador prestaba tareas en el Inafci desde hace más de 15 años como soporte administrativo del registro de control de asistencias, en la Provincia de Corrientes, hasta que fue dado de baja del sistema, sin previa comunicación sobre dicho despido y desafectándolo de sus funciones, junto con decenas de compañeros.

 

Este despido se sumó a los miles de cesanteados a lo largo del conglomerado de la administración pública nacional, incluyendo a delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) con tutela sindical efectiva y cuyos despidos llevaron a una seguidilla de presentaciones ante la justicia.

 

La medida cautelar presentada por los abogados supuso la primera victoria de los trabajadores del estado en esta ola de despidos que, según palabras del presidente Milei, ya se cargó a más de 50 mil empleados estatales.

 

 

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