En el Gobierno, existe una gran expectativa en cuanto a la posible aprobación de la candidatura del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema, a pesar de las objeciones en su contra. Según estimaciones recientes de la Casa Rosada, el candidato cuenta con «más de 50 votos» en la Cámara alta, superando el umbral necesario para su confirmación. Esta confianza no es compartida en el caso del académico Manuel García-Mansilla, el otro nominado de la administración libertaria para el máximo tribunal, donde los funcionarios admiten que hay una «mayor incertidumbre«.

Sin embargo, en Balcarce 50 creen que las probabilidades de García-Mansilla siguen siendo elevadas porque el enfoque es que «salen los dos [candidatos] o ninguno«, lo cual, según ellos, permitirá «clarificar» la situación para que Lijo atraiga votos hacia el académico en la fase final de la negociación en el Senado.

En esta misma línea, el Gobierno confía en que ambos pliegos sean tratados entre finales de junio y julio. Es lo más relevante que tienen en la agenda del Senado, después de la discusión de la demorada Ley Bases y el paquete fiscal.

Desde el anuncio de su candidatura el pasado 20 de marzo, hasta la fecha, Lijo ha recibido numerosas impugnaciones. Estas objeciones han sido promovidas por diversas entidades profesionales y jurídicas, así como por asociaciones empresariales, civiles y organismos internacionales. Las críticas se centran tanto en su desempeño como juez, las acusaciones recibidas a lo largo de su carrera, como en su falta de antecedentes profesionales y académicos para acceder al máximo tribunal.

Tras revisar registros públicos, el instituto Inecip lo calificó como el magistrado “más ineficaz de Comodoro Py” y el que más demora en resolver casos de corrupción. La Federación de Colegios de Abogados (FACA) concluyó que no posee los antecedentes necesarios para la Corte. El Colegio de Abogados de la Ciudad destacó que su formación académica “no trasciende las fronteras de su título de grado”. Además, el Foro de Convergencia Empresaria, que agrupa a 64 entidades, también presentó objeciones.

El propio Lijo se ha reunido en las últimas semanas con gobernadores y senadores para reforzar sus posibilidades.

En el Senado y en la Justicia, incluso aquellos que no apoyan a Lijo reconocen que el magistrado ya cuenta con los votos necesarios de los senadores para que su pliego avance, siempre y cuando no surja ningún escándalo durante las audiencias públicas del proceso de selección.

El pliego de Lijo requiere el apoyo de dos tercios de los miembros presentes del Senado: 48 votos si todos los 72 senadores están presentes. El Gobierno cuenta solo con siete votos propios en la Cámara alta, por lo que la única manera de que el Poder Ejecutivo consiga los dos tercios necesarios es a través de un acuerdo político con el bloque de Unión por la Patria y con Cristina Kirchner, quien controla al menos a la mitad de los 33 miembros de la bancada peronista.

En la administración libertaria no ocultan su mayor afinidad con el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti, quien propuso a Lijo para cubrir la vacante en el máximo tribunal dejada por Elena Highton de Nolasco en septiembre de 2021. En tanto, a García-Mansilla se le reconoce como un candidato «propio«. La posible llegada de ambos, para lo cual deberá concretarse la salida de Juan Carlos Maqueda el 29 de diciembre próximo cuando cumpla 75 años, haría que el escenario judicial se alineara más con la visión del Gobierno actual. Milei ha declarado su intención de formar una Corte con una perspectiva liberal.

En medio de estas negociaciones, y conscientes del cisma en el máximo tribunal, donde Lorenzetti está por un lado y los jueces Horacio Rosatti, Maqueda y Carlos Rosenkrantz por el otro, se reconoce que ha habido contactos entre el Gobierno y la cúpula del Poder Judicial.

Con Rosatti, presidente del tribunal, en la Casa Rosada afirman que hubo un “contacto informal” hace dos meses. Aunque existe una mayor distancia ideológica con este magistrado, se reconoce y respeta su figura. En las filas libertarias indican que el enviado fue Santiago Caputo, asesor presidencial. Sostienen que no discutieron las candidaturas a la Corte, sino que se centraron en la preocupación por el futuro del DNU 70/2023, que está pendiente de un fallo de la Corte, especialmente el capítulo de la reforma laboral que la CGT cuestionó. “Fue un encuentro cordial, en el que se transmitió en términos claros lo importante que es el DNU para el país”, aseguraron fuentes del Gobierno, y agregaron que desde entonces no ha habido más contactos. Desde la Corte no confirmaron nada.

En esa época, la Corte rechazó dos recursos contra el DNU que buscaban anularlo. Los magistrados alegaron razones formales, como la falta de un caso concreto o la falta de legitimidad de quienes habían presentado los recursos. Estos recursos provenían del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y de la Asociación Civil Gente de Derecho, dirigida por el abogado Jorge Rizzo.

Fuentes del máximo tribunal admitieron varios contactos con quien hasta el lunes pasado fue el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y con el ministro de Economía, Luis Caputo, el último de ellos relacionado con una solicitud de actualización de 300.000 millones de pesos para el presupuesto.