El Gobierno analiza que las empresas obtengan una compensación en caso que empleen trabajadores beneficiarios de un plan social. El monto del subsidio a favor de la empresa equivaldría al monto del programa que hoy percibe dicho trabajador. La iniciativa fue confirmada Clarín por distintos ministerios y en despachos cercanos al presidente Mauricio Macri. Sería anunciada en las próximas semanas.

El plan resulta una de las propuestas que el Gobierno puso sobre la mesa en las negociaciones con la CGT en el último tiempo. Fuentes oficiales confirmaron que un borrador es analizado desde hace unas semanas. Una de las áreas que trabaja en ello es el Ministerio de Trabajo, conducido por Jorge Triaca. La coordinación la lleva el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.

“La idea es generar oportunidades de empleo para todos los argentinos”, explican en Trabajo. “E ir pasando de una lógica de asistencialismo de algunos programas a la empleabilidad. Este proyecto va en esa dirección, en el trabajo que está realizando el gobierno para facilitar el acceso al empleo y generar más oportunidades”.

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Por ahora, la idea del Gobierno se ubica más en el plano conceptual que en los números y otros detalles. Por un lado, explican que el plan se enmarca dentro de lo que la Casa de Gobierno llama “economía popular”. A través de una ley, el Gobierno comprometió recursos del Tesoro para asistir con un ingreso a sectores que no necesariamente serían los beneficiados de un repunte de la economía en los próximos años. Cerca del Presidente reconocen e identifican un segmento de la población activa que no cumple con los requisitos para conseguir un empleo formal aún cuando en los próximos años se creen las condiciones para vengan inversiones al país y ofrezcan puestos de trabajo nuevos.

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Por otro lado, en el oficialismo no brindan una estimación sobre, por ejemplo, la cantidad de beneficiarios de estos planes sociales que podrían resultar empleados por firmas bajo esta modalidad de subsidio. Ni tampoco dan detalles sobre la letra chica de estas potenciales contrataciones. Una de las cuestiones por resolver, por ejemplo, es el instrumento jurídico que ponga un marco a estos convenios laborales. “¿Qué incentivo tiene una empresa para contratar a una persona que tiene un subsidio por 90 días frente a otra que posee uno por un año?”, dan como ejemplo.

El monto presupuestado por el Gobierno en este año de planes sociales son $ 25.078 millones. Equivale a 2,2% de las políticas de ingresos que incluyen la asignación universal por hijo ($ 60.834 millones), asignaciones familiares ($ 67.104 millones), jubilaciones y pensiones contributivas ($ 865.891 millones) y jubilaciones y pensiones no contributivas ($ 96.988 millones).

El vicepresidente del Banco Mundial para la región, Jorge Familiar Calderón, en el marco del Foro Económico Mundial que se lleva a cabo en Buenos Aires, explicó que los planes sociales y las ayudas de ese tipo “muchas veces se manejan desde distintos ministerios y deberían pensarse de forma integral que aborde la situación de la persona desde que nace hasta que se integra a la fuerza laboral”. Familiar Calderón precisamente compartió un panel ayer con Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social.

Los programas que la Argentina ofrece son de empleo, Argentina trabaja, de seguridad alimentaria, monotributo social, Progresar y el seguro de desempleo. Todo esto, según estimaciones oficiales en base al Presupuesto 2017, equivaldría a 1,2% del gasto primario. w La iniciativa del Gobierno se daría a conocer en el marco de las últimas negociaciones con los sindicatos y organizaciones sociales.