El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, salió a explicar por las redes sociales que el fallo de la Corte Suprema anulando el freno del tarifazo de la luz, no abarca en el distrito que él gobierno. En San Martín, según expresó el jefe comunal, sigue vigente “una medida cautelar interpuesta por la Municipalidad ante la Justicia Federal”.

Ese amparo abarca a todos los usuarios, desde residenciales hasta empresarios.

“Los vecinos de San Martín hoy tienen una medida cautelar que los protege. Todos los ciudadanos están amparados por una medida cautelar que interpuso la Municipalidad ante la Justicia federal”, afirmó contundente Katopodis.

“Esa medida hoy garantiza que EDENOR no puede aplicar el ajuste tarifario y tiene que retrotraerse al 1° de abril, al cuadro tarifario anterior”, agregó.

Por último, Katopodis manifestó: “Nosotros seguimos plantados muy firmes en la decisión de cuidar y proteger a los vecinos. Y exigir un aumento de las tarifas que se corresponda a lo que la gente pueda pagar. Vamos a seguir defendiendo el bolsillo del trabajo, de la clase media, del empresario PYME de nuestra ciudad. Y vamos a exigir que se siga cumpliendo este fallo de la justicia federal”.

“ES UN RETROCESO EN LA JURISPRUDENCIA”

Martina Forns, la magistrada que deberá revisar el fallo que había dejado nulos los aumentos de la tarifa de luz en la provincia de Buenos Aires, sostuvo que la revocación de esa medida cautelar por parte del máximo tribunal de Justicia "tiene bastantes contradicciones" respecto de lo que el mismo tribunal había decidido al suspender el tarifazo del gas.

Para la jueza federal de San Martín, el fallo de la Corte Suprema "es un retroceso en la jurisprudencia de la Corte bastante importante" y añadió: "No lo puedo entender, porque tiene bastante contradicciones con todo lo que se venía diciendo sobre el reciente fallo "CEPIS", en el tema del gas, que era el precedente que uno esperaba" que se respetara", dijo por radio Vorterix.

En su decisión, la Corte cuestionó la representatividad de quienes presentaron las demandas (diputados provinciales, el secretario general de la Defensoría del Pueblo bonaerense y el PJ bonaerense), aunque no tomó posición sobre la legalidad de los aumentos propiamente dicha. Sólo admitió la legitimidad del Club Social y Deportivo 12 de Octubre como demandante y resolvió “reenviar las actuaciones al juez de primera instancia”, quien “deberá identificar en forma precisa el colectivo involucrado”, es decir, el alcance de la representación de la demanda de la mencionada entidad.

Martina Forns, sobre quien recayó esa medida (al igual que sobre el juez platense Luis Arias) advirtió que los ministros ejercieron "violencia" en su contra en la sentencia y denunció que es víctima de una "caza de brujas".

Además, se diferenció de ellos al manifestar que ella tiene su "declaración jurada de bienes puesta a publicidad" y dijo que "por supuesto" teme ser apartada de su cargo.