Comentar la agenda político-mediática que Clarín y La Nación plantean para enero como parte de su estrategia de demolición simbólica de la legitimidad del gobierno se convirtió en un tratado sobre el aburrimiento estival.

Ahora que la Fragata Libertad está pronta a ser recibida en Mar del Plata por Cristina Kirchner, los diarios hegemónicos avisan que un banco de arena podría hacerla encallar antes de tocar puerto. Parece un chiste malo de Jorge Corona.

Después de un año de progresos evidentes en materia de condenas a genocidas, la primera semana de 2013 se agitó por un supuesto asado en la ex ESMA del que participó el ministro de Justicia y el secretario de Derechos Humanos del gobierno que, precisamente, impulsó con éxito los juicios a los represores militares y civiles.

Los dos diarios que silenciaron el genocidio para quedarse con Papel Prensa, los mismos que hoy dan cobertura minimalista a esos mismos juicios que se informan con algún despliegue en Tiempo Argentino y Página/12, le pidieron la renuncia a Julio Alak. Que lo hayan hecho ex víctimas directas de la dictadura que están en desacuerdo con el destino que se le da al espacio para la memoria, vaya y pase. Su enojo tiene alguna justificación lógica. Es parte del debate que atravesó a los organismos de Derechos Humanos en todos estos años, saldado por la mayoría con cierto criterio de convivencia en la diversidad para construir memoria colectiva. Pero que lo hagan los diarios que tienen a Joaquín Morales Solá, Mariano Grondona y Eduardo van der Kooy como editorialistas, es un poco fuerte. El primero censuraba a sus colegas en los años de plomo, el segundo apoyó a todas las dictaduras y el tercero fue galardonado por Jorge Rafael Videl en 1977 como "joven periodista brillante". Algo no funciona ahí. Algo que, al menos, debería ser mensurado por aquellos integrantes de organismos de Derechos Humanos, aun cuando detesten al kirchnerismo por motivos más o menos opinables. Eso no es todo, hay más: hace poco un tribunal platense pidió que se investigue al diario La Nación por ejercer presión hacia los magistrados que debían juzgar a Jaime Smart, ministro de facto bonaerense y héroe del diario de las familias Mitre y Saguier, que finalmente fue condenado por delitos de lesa humanidad en el llamado Circuito Camps. ¿Se puede coincidir con ese diario sin coincidir, a su vez, con las personas a las que defiende desde sus editoriales? ¿Puede el antikirchnerismo de izquierda o progresista, aun con argumentos atendibles, prestarse a ser carne opinativa de grupos comunicacionales que se beneficiaron con el horror? ¿Es eso, acaso, una subordinación menos grave que la presunta "cooptación oficial" de Abuelas, Madres e Hijos que denuncian cada vez que quieren desde la señal TN? ¿El enojo de coyuntura o la impotencia argumental para superar a un adversario puede traducirse en una alianza con los enemigos de una política, la de Derechos Humanos, que es, quizá, la más defendible de toda la gestión K? Si alguien dice ser militante de izquierda y se asocia a los cómplices de un genocidio para hacer antikirchnerismo, ¿sigue siendo militante de izquierda? Al kirchnerismo, al menos, le caben las generales de la ley para cualquiera que se hace cargo de la administración del Estado. Nada es sencillo, ni como uno quisiera. Se toman decisiones buenas y de las otras. Se construye con gente apta y de la otra también. La utopía choca todos los días con la crudeza de la realidad, donde se mezclan Estela de Carlotto y la Ley de ART. Desde el Estado, ser progresista es una proeza, un logro difícil, merituable. Desde la oposición, a veces es simplemente una pose testimonial, que no obliga, sin embargo, a aliarse con lo peor de lo peor. Es claro que allí hay un dilema que excede lo estrictamente político e ingresa de lleno en el plano de la ética. Por eso mismo, supera el espacio de estas líneas para explicarlo, aunque integre una agenda permanente de discusión.

Para peor, los diarios Clarín y La Nación cargaron contra el Ministerio de Justicia con el aval de un grupo de dirigentes políticos opositores de derecha –que, hay que aclararlo, visitan poco o nada la ex ESMA, si no sabrían que en el predio no fue erigido el Museo Mitre, precisamente por voluntad de los organismos con mayor historia en la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia–, a los que les da lo mismo exigir con voz airada que también se vayan todos los referentes de la política de Derechos Humanos oficial y, en simultáneo, apoyar a la Sociedad Rural, puntal ideológico clave de la dictadura, a través de una solicitada vergonzosa que mezcla biblias y calefones como sólo el antikirchnerismo desesperado lo concibe. Allí revistaron con su firma desde Julio Cobos, el Momo Venegas –el socio y mal consejero de Hugo Moyano– y Mauricio Macri, hasta el radicalismo extraviado en su versión alvearista del siglo XXI. En suma, la transversalidad antikirchnerista.

Un párrafo aparte merece el también firmante Eduardo Buzzi, de la Federación Agraria Argentina, que esta semana calificó al oficialismo –validado en las urnas por el 54% hace poco más de un año– como "una secta de fanáticos". ¿Así quieren construir mayoría? ¿Equivocándose tanto? Confunden la facilidad para darle títulos catástrofe a Clarín con la capacidad para representar a la sociedad. Pero es evidente que se trata de dos cosas distintas. Que Héctor Magnetto ayude a instalar un candidato, no quiere decir que después la gente lo vote. Por caso, la radical Silvana Giudici obtuvo una beca de cobertura amplia de Clarín durante toda la discusión por la Ley de Medios y después no pudo ganar su elección, y mucho menos que el radicalismo la proponga para el directorio de la AFSCA. Terminó incorporándose al macrismo. Era lógico. Apoyar a las corporaciones que pretenden erosionar a un gobierno democrático tiene un costo ideológico.

Te deja a la derecha de la derecha.